Investigadas 46 personas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Málaga

Las actuaciones se iniciaron el pasado año para perseguir atentados contra la ordenación del territorio y urbanismo, la protección del medioambiente y el patrimonio histórico-artístico, así como el paisaje. Tras las pesquisas, los efectivos han detectado un total de 30 delitos urbanísticos. Entre los investigados, además, hay constructores, promotores y directores técnicos por su supuesta participación en obras ilegales.

Estas actuaciones delictivas se habrían cometido en las localidades malagueñas de Ronda, Mijas, Ojén, Casares, Estepona, Manilva, Coín, Pizarra, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alozaina, Canillas de Aceituno, Rincón de la Victoria, Tolox, Cómpeta y Torremolinos, siendo las diligencias instruidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.

El SEPRONA ha realizado un total de 179 inspecciones en todas las comarcas de la provincia malagueña, fruto de las cuales se han descubierto 192 infracciones administrativas, de acuerdo con el Instituto Armado. Principalmente, estas estaban relacionadas con construcciones que carecían de licencia urbanísticas o que no se ajustaban al proyecto o a la licencia concedida.

De las actuaciones que atentaban contra el suelo, destacan las obras ilegales de viviendas unifamiliares en suelo rústico que, en algunos casos, se encontraban además en espacios protegidos. Asimismo, se han detectado infracciones por la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riesgo o la instalación de casas prefabricadas con fines residenciales.

Del mismo modo, se han detectado barbacoas construidas sin justificación y con fines recreativos o naves de aperos que estaban siendo utilizadas a modo de vivienda, sin contar para ello con el permiso correspondiente. Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, que ostentan las competencias en materia de disciplina territorial y urbanística.

Durante la investigación, los agentes han contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.