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Es un correo sencillo, de apenas seis puntos, pero con instrucciones muy claras. La dirección es descendente. Las órdenes provienen, según el tenor del texto, del Ministerio del Interior y se dirigen a las unidades territoriales de la Guardia Civil para que lleguen hasta los grupos especializados en investigar la ciberdelincuencia.
El punto quinto es el del incendio: «Identificación, estudio y seguimiento, en relación con la situación creada por el Covid-19, de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y 'fake news' susceptibles de generación de estrés social y -aquí viene lo importante- desafección a instituciones del Gobierno«.
Es un mail interno enviado el 15 de abril con la orden clara de elaborar un «informe monográfico sobre las actuaciones de ciberseguridad» de la Guardia Civil vinculadas al Covid-19. Para elaborarlo, se ordena a las unidades de investigación que reporten «cada viernes» -en negrita- la información para despacharla en futuras reuniones con el titular de la cartera ministerial, o sea, Fernando Grande-Marlaska.
El escándalo saltó en la rueda de prensa del domingo, cuando el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago reveló el contenido de la orden en unas declaraciones que el propio ministro atribuyó a un lapsus y que calificó de «erróneas».
Pero el de las 'fake news' no es el único incendio al que se hace referencia en el correo. Hay otro fuego que el Gobierno, asediado por las críticas respecto a la escasez de material y las compras fallidas -por ejemplo, de los test de detención- pretende controlar: la venta online de determinados productos farmacéuticos y de higiene para combatir el coronavirus.
Es el punto tercero del correo electrónico, que ha pasado más inadvertido por las dimensiones del incendio provocado por el quinto. Pide, literalmente, informes sobre: «Denuncias administrativas tramitadas a las autoridades sanitarias por ventas 'online' de productos considerados actualmente como recurso crítico (mascarilla, guantes, geles desinfectantes, pruebas de detección...)«.
El último de esos productos es otro de los incendios en los que se halla inmerso el Gobierno, que trata de recuperar el dinero abonado por los 640.000 test que compró a la empresa china Bioeasy. Tras comprobar que los primeros test que envió la compañía a España no servían porque carecían de la suficiente sensibilidad para detectar el virus, la empresa asiática envió una segunda remesa para reemplazarlos. Y, al parecer, tampoco funcionan, según El País.
En los otros cuatro puntos del correo, la Guardia Civil pide a sus unidades territoriales informes sobre denuncias por delitos informáticos (punto 1), relativas a estafas, daños en sistemas, robo de información y secretos de empresa, distribución de pornografía infantil y ciberacoso; investigaciones judicializadas por delitos informáticos vinculados al Covid-19 (punto 2); actuaciones administrativas y judiciales de bloqueo o cierre de páginas web y perfiles de redes sociales utilizados para fines fraudulentos o delictivos vinculados al virus (4); y otras cuestiones de interés sobre la pandemia para el citado informe (6).
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