Sólo uno de cada diez incendios forestales que se investigan acaba en condena

Las estadísticas le dan la razón. En 2019, se registraron 10.883 siniestros declarados como incendios forestales. Ese mismo año, la Fiscalía abrió 1.029 diligencias de investigación sobre ellos y formuló, en total, 190 escritos de acusación contra el autor o autores del delito. En el mismo periodo, se dictaron 136 sentencias condenatorias y 35 absolutorias. Es decir: uno de cada 10 incendios se investiga judicialmente; de ellos, apenas el 20% llega a juicio y algo más del 10% del total acaba en una condena.

El fiscal delegado de Medio Ambiente en Málaga ayuda a separar el grano de la paja. «Hay que distinguir los incendios en zona de influencia forestal o en zona agrícola de los incendios forestales propiamente dichos. Porque a los juzgados llegan muchos que realmente no lo son», explica Benítez.

Aparte de los causados por la propia naturaleza, como la caída de un rayo, los incendios forestales se dividen, en palabras del fiscal, en «dolosos o imprudentes». Los primeros son aquellos donde ha existido una intencionalidad clara de prender fuego, como sucedió en Sierra Bermeja. Los segundos son los provocados por actividades agrícolas, como quemas de podas o rastrojos, o por falta de conservación en el tendido eléctrico o la vía férrea.

Cada año, justo antes de que empiece el verano, la Fiscalía lleva a cabo una campaña en la que envía un recordatorio a las compañías eléctricas y también a los ayuntamientos –sobre todo a los que tienen en su término municipal zonas recreativas, de acampada, barbacoa o vertederos– sobre la importancia de las tareas de mantenimiento para evitar incendios.

Benítez insiste en que, en los dolosos, se llega a descubrir la autoría «en muy pocos casos», por lo que el grueso de las condenas está en los imprudentes. Las penas, aunque pueda parecer lo contrario, no son livianas: de uno a cinco años de cárcel por el incendio más básico (artículo 352); hasta seis si es una extensión grande o afecta gravemente a la vida natural (articulo 353); y de 10 a 20 años (artículo 351) si además existe un peligro para la vida.

La memoria de la Fiscalía destaca el aumento de las detenciones por incendios forestales. En 2019, último año publicado de estas estadísticas judiciales, hubo 513 encartados (31 detenidos y 482 investigados) por delitos de esta naturaleza.

El Ministerio Público disecciona también la autoría: el 46% fueron «pirómanos», el 20% llevaban a cabo prácticas agrícolas tradicionales y el 16,15% prendieron fuego al monte por vandalismo o por venganzas. «La etiología varía mucho según el territorio; no tiene que ver el que se produce en Galicia respecto al de Andalucía. Aquí el porcentaje de los causados por labores agrícolas es muy superior», afirma Benítez.

El cambio climático, otro de los factores argüidos en el fuego de Sierra Bermeja para explicar su capacidad de devastación, es también un hecho en la memoria fiscal, que constata un aumento de un grado (15,9) de la temperatura media en España en 2019.

Aun así, el fiscal delegado en Málaga considera que los incendios forestales intencionados son «inevitables», pero, a su juicio, «sí que podemos actuar sobre las consecuencias, con una gestión de montes sostenible para evitar que sean tan graves o con planes de autoprotección de las urbanizaciones».