La huelga de los letrados de Justicia deja secuelas en Málaga: «El año de retraso no nos lo quita nadie»

La huelga de los letrados de Administración de Justicia (LAJ) ha dejado importantes secuelas en Málaga. Desde que se inició el parón, el 24 de enero, hasta que el mismo fue desconvocado, el pasado día 28, se han visto suspendidos cerca de 9.300 procedimientos en las diferentes jurisdicciones de la provincia que ahora hay que volver a señalar en las agendas de los juzgados. «El año de retraso no nos lo quita nadie», apuntan al respecto fuentes judiciales a SUR.

Y es que, según valoraban las mismas, la incidencia de la huelga ha sido casi tan grave como la ocasionada por la irrupción de la Covid-19 durante los meses de confinamiento, cuando se paralizaron miles de vistas. Concretamente, en estos dos meses de movilizaciones se han suspendido unos 6.070 juicios, así como otros 3.220 procedimientos judiciales en Málaga.

Además, en las cuentas de los tribunales malagueños han quedado retenidos algo más de siete millones de euros a pagar a ciudadanos y al Tesoro Público, siendo este el dinero consignado para pensiones de alimentos, indemnizaciones o costas procesales, entre otros casos.

La medida de presión ha afectado principalmente a los juzgados de primera instancia en Málaga, con competencia en materia penal y civil, de acuerdo con las fuentes consultadas, aunque ha repercutido prácticamente en todos los órganos judiciales.

El pulso mantenido entre los letrados de Administración de Justicia y el Ministerio que dirige Pilar Llop llegó a su fin el pasado martes 28 de marzo, cuando se alcanzó un acuerdo que dio lugar a la desconvocatoria del parón con el que el cuerpo de funcionarios reclamaba mejoras que compensasen el aumento de competencias asumido en los últimos años.

Este trato incluye, entre otros puntos, una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes, aunque otras reivindicaciones han quedado fuera del pacto. «No es el acuerdo que esperábamos, pero lo hemos asumido porque entendemos que tenemos una responsabilidad y no queríamos seguir perjudicando al ciudadano de a pie», explicaba la delegada local del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de la Justicia, Lourdes Vallecillo, a este periódico.

A nivel nacional se han aplazado unos 356.000 juicios y vistas, además de verse paradas unas 424.000 demandas y de dejar retenidos en las cuentas de consignaciones judiciales hasta 1.280 millones de euros. Cabe recordar que la misma fue convocada por la Unión Progresista de Letrados, el Ilustre Colegio Nacional y la Asociación Independiente de Letrados.

En el caso de Málaga, la misma ha tenido una participación que ha rondado entre el 60 y el 70 por ciento de la plantilla, mientras que en toda España habría secundada por entre el 73 y el 85 por ciento, según las jornadas, de acuerdo con los colectivos que impulsaron esta medida.

Las asociaciones de LAJ llevaban desde noviembre anunciando que se llegaría a una huelga indefinida en caso de que el Gobierno central no cumpliera con los acuerdos firmados para atender sus reivindicaciones. Son varias las demandas que han mantenido sobre la mesa, como una adecuación salarial acorde al aumento de sus competencias.

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, han convocado una huelga indefinida a partir del 17 de abril para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia para exigir una subida salarial digna, en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

Cabe recordar que en Málaga, según las fuentes consultadas, este cuerpo está integrado por cerca de 1.900 funcionarios. La primera jornada de huelga se ha señalado para el miércoles 17 de abril con paros parciales de 10 a 13 horas todos los días de forma indefinida. El 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante toda la jornada y una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia.

Según han informado los sindicatos, el llamamiento de esta huelga se produce tras «constatar la nula voluntad del Ministerio de Justicia» de presentar una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados.

De manera paralela, las organizaciones sindicales han adelantado que mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para enmendar el proyecto de Ley de eficiencia organizativa en línea con sus reivindicaciones y explicar el conflicto laboral en la Administración de Justicia.

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