La huelga de funcionarios de Justicia frena cerca de 12.000 demandas en un mes en Málaga

Entre otros procedimientos, el parón también está afectando a las notificaciones por vía lexnet que realizan los funcionarios, así como a las entregas de mandamientos de dinero o a las notificaciones de los Servicios Comunes. Además, hay cerca de un centenar de lanzamientos que se han dejado de practicar en la provincia, según las asociaciones de estos profesionales.

En este tiempo, marcado por las protestas, los funcionarios también han dejado de registrar, incoar, tramitar y señalar las actuaciones normales en aquellos procedimientos que son de orden civil, penal, contencioso y laboral, por lo que la huelga está teniendo su repercusión prácticamente en todos los órganos jurisdiccionales.

Además, según apuntan desde CCOO, hay localidades malagueñas que se encuentran prácticamente paralizadas por completo debido al parón de estos trabajadores. En la provincia, inciden, el porcentaje de funcionarios que secundan estas movilizaciones no ha bajado ni un día del 65 por ciento.

De ahí que las asociaciones convocantes -CISF, CCOO, UGT y STAJ, y de forma independiente, el sindicato SPJ-USO- reclamen al Ministerio de Justicia que «se tome en serio las reivindicaciones» de este colectivo e inicie una negociación con el Comité de Huelga Nacional, «tal y como se ha hecho con las asociaciones de jueces y fiscales sin que ellos hayan tenido que ir ni un día a la huelga».

De hecho, advierten de que, a partir del lunes 22 de mayo, los funcionarios de Justicia están convocados a una huelga indefinida, lo que recrudecerá más todavía la incidencia en el funcionamiento normal de los juzgados.Entre otras reivindicaciones, estos profesionales exigen que se lleve a cabo un aumento de las retribuciones acorde a su carga de trabajo y categoría.

En este sentido, también inciden en que el acuerdo alcanzado el pasado día 28 de marzo entre el Ejecutivo central y los letrados de Administración de Justicia tras dos meses de huelga indefinida (el cual incluía subidas medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes) «ha abierto una brecha salarial entre cuerpos generales y el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia».

Por otro lado, también piden la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la cual no había sido negociada previamente con las centrales sindicales, así como la clarificación de las funciones.