La huelga de funcionarios se endurece tras rondar el millar de juicios suspendidos en Málaga

«La última mesa de negociación con el Ministerio de Justicia fue tan decepcionante que no nos ha quedado otro remedio que endurecer la huelga con movilizaciones más severas», señala al respecto la delegada local de STAJ, Ana Belén Andrés. De ahí que hoy comience el nuevo calendario de protestas, convocadas por CISF, CCOO, UGT y STAJ y de forma independiente por el sindicato SPJ-USO. Las mismas continuarán de forma generalizada en los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.

A falta de datos oficiales, las organizaciones sindicales estiman que las vistas anuladas hasta la fecha ya rondan el millar, «y ello a la baja», ya que, según sus cálculos, más de 200 vistas se habrían visto aplazadas en los días de paro parcial.

«Hasta ahora han habido muchas actuaciones que, con toda la buena voluntad, las hemos aplazado para el mismo día cambiando la hora para no afectar tanto al ciudadano, pero eso ya no se va a hacer», explica Andrés, señalando que únicamente se atenderán los servicios mínimos.

Los cambios en las protestas también han dado lugar a una nueva fijación de causas que requieren una cobertura mínima, siendo aquellas en las que hay presos, adopción de medidas cautelares y provisionales, asuntos con víctimas de la violencia de género o en los que entra en juego la defensa de derechos fundamentales, así como la tramitación de actuaciones derivadas de procesos electorales.

Entre otras reivindicaciones, los funcionarios exigen que se lleve a cabo un aumento de las retribuciones acorde a su carga de trabajo y categoría. En este sentido, también inciden en que el acuerdo alcanzado el pasado día 28 de marzo entre el Ejecutivo central y los letrados de Administración de Justicia tras dos meses de huelga indefinida (el cual incluía subidas medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes) «ha abierto una brecha salarial entre cuerpos generales y el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia».

Por otro lado, como apunta el representante local del sindicato SPJ-USO, Alfonso Justicia, también se busca la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la cual no había sido negociada previamente con las centrales sindicales: «Esta es, probablemente, la ley en la que peor salen parados los derechos laborales de los funcionarios», asegura. Además, también reclaman una clarificación de las funciones.

Cabe señalar que en Málaga el paro está siendo secundado por en torno al 75 por ciento de la plantilla, con días en los que se ha superado el 85 por ciento de seguimiento y otros en los que se llegaba al 60, según apuntan los convocantes. Solo en la provincia hay cerca de 1.800 funcionarios de Justicia, mientras que en Andalucía se aproximan a los 8.000.

En este clima de tensión e indignación, los funcionarios también están muy pendientes de cómo puedan avanzar las negociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, ya que las asociaciones anunciaron que arrancaría la huelga el próximo día 16 en caso de que no se produzcan mejoras salariales y profesionales.