Juan Calvo-Rubio

El fiscal jefe de Málaga: «Nunca habíamos tenido tantas agresiones a padres como ahora»

–Viendo su escritorio se percibe que todavía queda para alcanzar el objetivo del 'papel cero'. ¿Llegará algún día?

–En este momento se está implementando un nuevo sistema de digitalización y, por ahora, nos está dando algún que otro problema. Claro, esto repercute en nuestra labor porque nos paraliza y que se te atranque un expediente por fallos informáticos es una faena, sobre todo cuando tenemos tantos procedimientos. Me consta que se está trabajando para intentar ponerle solución, pero hasta que eso ocurra los medios técnicos que tenemos pues, en ocasiones, no nos dan el servicio que necesitamos.

–En su toma de posesión reivindicaba precisamente una justicia «más ágil», pero los medios parece que no les ayudan, por lo que cuenta.

–Bueno, esto es algo que no me ha pillado de nuevas porque llevo 37 años ya de carrera y seis de ellos como fiscal jefe de Córdoba. Pasaba antes y sigue pasando. Arrastramos problemas que no son nuevos, aunque la puesta en marcha de este nuevo sistema en teoría va a suponer un avance respecto al que teníamos anteriormente. La realidad es que todavía estamos en ello y no vemos el final. Sabemos que la Junta de Andalucía le está poniendo empeño, pero una Fiscalía como la de Málaga requiere mejores medios porque nos encontramos con procedimientos muy complicados por su complejidad. Lo estamos viendo ahora con Astapa, que es el culmen de esa situación, pero que no es para nada un caso aislado.

–¿Qué particularidades se dan en la provincia para que los procedimientos sean tan complejos?

–Málaga es una provincia que tiene unas peculiaridades delictivas tremendas. Cualquier lugar con costa de por sí ya resulta atractivo para la delincuencia. Pero esta no es cualquier costa, es la Costa del Sol, conocida internacionalmente por tener unas condiciones de vida muy buenas, donde la gente es acogedora y donde hay buen tiempo. Determinadas mafias ya empezaron a establecerse hace algunos años y en principio parecía que venían a descansar, pero con el tiempo, como desgraciadamente hemos visto, acabaron delinquiendo y cometiendo sus propios ajustes de cuentas. Nos enfrentamos a una delincuencia organizada, que cuenta con una gran capacidad económica e infraestructuras, y con personas que únicamente se dedican a idear cómo llevar a cabo su actividad ilícita. No es, por tanto, cualquier delincuencia. También es cierto que recientemente ha habido un plan del Gobierno contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar y, evidentemente, cuando se empieza a apretar por un lado, se van a otro. Y muchos de estos criminales han venido a la provincia. Luego están también los casos relacionados con el urbanismo desaforado que se produjo en la costa y que también tuvo sus consecuencias en el interior, con casos de corrupción muy graves. Todo eso hace que la Fiscalía de Málaga se enfrente a procesos complejísimos.

–En el caso de los suecos acusados de matar a dos hombres en la Costa del Sol, enjuiciado recientemente, se pasó de pedir la prisión permanente revisable a 12 años para uno de ellos tras llegar a una conformidad. ¿Estas rebajas resultan agridulces para los fiscales?

–Con el tema de las conformidades, quizás desde el Ministerio Fiscal no hemos explicado del todo bien en qué consisten y por qué se dan. Y es lógico que resulten tan llamativas, porque se pasa de penas altísimas a otras que no lo son tanto. Nosotros, cuando formulamos un escrito de acusación en base a una serie de indicios, establecemos una pena que consideramos que es la ajustada con el Código Penal en la mano. Otra cosa es lo que luego sucede en el juicio. En muchos casos, la prueba que parecía clarísima empieza a perder fuerza o entra en conflicto con otras declaraciones y no se ve todo tan nítido. Ahí tenemos que valorar todas las circunstancias, que pueden llevarnos a aceptar una rebaja de la pena a cambio del reconocimiento de la culpabilidad por parte del acusado. Estas conformidades suponen un ahorro importante de tiempo y de medios a la Administración de Justicia, aunque este no sea, ni mucho menos, el criterio fundamental a la hora de tomar decisiones. A veces uno también tiene que plantearse si es necesario hacer pasar a la víctima por todo lo sucedido de nuevo, sobre todo en casos de agresiones o abusos sexuales, o si, por el contrario, se puede rebajar la pena y, aunque se condene a menos años, se puede evitar esa revictimización. Es decir, hay muchas circunstancias que hay que ponderar y que nos pueden llevar a aceptar esos acuerdos, aunque resulten en algunos casos extraños a los ojos de la sociedad.

–Cuando se aprueban leyes como la del 'Solo sí es sí', ¿siente que fiscales y jueces se llevan la bronca de las decisiones de políticos?

–Nosotros tenemos que aplicar la ley, nos guste más o nos guste menos. Hay que puntualizar que el consentimiento siempre se ha valorado en los delitos contra la libertad sexual. Lo de 'solo sí es sí' al final es un eslogan político de la ley porque este punto siempre se ha tenido en cuenta, porque es fundamental. Con el tema de las rebajas de penas, hay que entender que, por principios de nuestro ordenamiento jurídico, siempre tendremos que aplicar la norma más favorable para el investigado. No queda más remedio ni se puede hacer otra cosa, por mucho que no se entienda.

–Otro asunto llamativo es la dispensa a declarar de las víctimas cuando se dan casos de violencia de género.

–La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se reconoce en el artículo 416 esa dispensa de declarar contra el acusado, se dictó en otro tiempo. En aquel momento resultaba lógico y hoy lo sigue siendo para muchos delitos, pero hay otros, como el de la violencia de género, en el que chirría. Sobre todo porque los efectos que provoca el agresor sobre la víctima se mantienen durante muchísimo tiempo. Y para cuando llega el juicio, esa persona no se siente libre todavía. En estos casos es muy complicado asumir que realmente tengan la capacidad de decidir si quieren declarar o no si la víctima todavía no es libre del todo por las secuelas y los efectos que pueda seguir teniendo sobre ella el maltratador.

–Lamentablemente, el mes pasado se dio el caso de una menor que se tiró por el balcón al encontrarse a su ex con un hacha en su vivienda en Torremolinos. ¿Hay cada vez más menores entre las víctimas en Málaga?

–Al principio se pensaba que las víctimas de este tipo delictivo obedecían a cierto perfil, con cierta edad o que dependía de su educación o estatus social. Se ha demostrado que esta es una cuestión de personas y que cada vez afecta a personas más jóvenes. Aquí la única solución es la educación, pero algo está fallando. No es razonable en absoluto que se den estas situaciones de sometimiento y de control cuando se supone que ya se educa en igualdad, porque cada vez se está dando más esta problemática entre menores. No queda más remedio que seguir luchando. También es cierto que esto no solo ocurre con este delito. Ahora tenemos una sociedad que es mucho más violenta. Tampoco habíamos tenido nunca tantas agresiones a padres como se están produciendo ahora. Hay una violencia exacerbada que se manifiesta en todos los sitios como nunca: en casa, en la puerta de una discoteca, en discusiones de tráfico que se van de las manos...

–¿Por qué cree que está pasando eso? Y sobre todo, teniendo en cuenta que afecta a menores.

–Creo que estamos deshumanizando la sociedad, cuyo valor fundamental siempre ha sido el ser humano. Si quitamos el foco de ahí, si no somos capaces de asumir que la vida y que la integridad física de las personas es el bien más importante, es difícil establecer un límite a la violencia. Ahora vemos que la gente salta de manera agresiva con más rapidez, que estamos todos más alterados. Se están viendo muchas expresiones de violencia en muchos sitios y hay que procurar que la sociedad vuelva a un punto en el que comprenda que no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano.