Fernando Puche recurre un auto en el que se le ordena que ingrese en prisión

Los problemas del empresario Fernando Puche con la Justicia continúan. El último de ellos está relacionado con un delito de insolvencia punible por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga, un hecho por el que ahora los magistrados han emitido un auto de ingreso en prisión después de que no haya hecho frente al calendario de pagos establecido para afrontar la indemnización que debe abonar a Hacienda por este caso. Puche ya ha recurrido esta decisión.

Se trata de un asunto derivado de la condena que le impuso en 2010 la Audiencia Nacional por un delito de contrabando. En esa ocasión, la pena establecida, a raíz de su detención en una investigación por la supuesta venta de tabaco libre de impuestos, fue de dos años de cárcel y 33,33 millones de euros de multa. Sus dos socios, P.A.M.G. y E.A.L.U., también fueron condenados a la misma pena, según la sentencia, en la que se establecía que Puche y estos dos indemnizarían al Estado con 16,65 millones de euros, «importe total de lo defraudado».

Casi nueve años más tarde, en octubre de 2019, el que fuera presidente del Málaga CF fue condenado de nuevo. En esta ocasión, según se recoge en la sentencia, que fue dictada de conformidad con el empresario, realizó operaciones patrimoniales para colocarse en una situación de insolvencia.

En la resolución judicial se explica que se le notificó en octubre de 2008 el auto de apertura de juicio oral –por el caso de contrabando de tabaco–, en el que se acordaba requerir al acusado para prestar fianza por importe de 16,35 millones de euros. Seguidamente, en noviembre de ese mismo año, se realizó al empresario requerimiento por el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga en idénticos términos.

No obstante, el expresidente del Málaga no prestó dicha fianza, decretándose por el Juzgado Central de Instrucción número 1 el embargo de todos sus bienes hasta cubrir ese importe. En la sentencia de la Audiencia de Málaga se indica que Puche, a sabiendas del contenido de dichas resoluciones judiciales, llevó a cabo diferentes actuaciones patrimoniales con el propósito de situarse en un estado de insolvencia y de eludir el pago al que fue condenado.

Esto ocurrió especialmente tras la notificación del auto de apertura de juicio oral en el que se le requería para la prestación de la fianza. Así, de la cantidad que se reclamó en concepto de responsabilidad civil –16,65 millones de euros– únicamente había abonado 660.186 euros «pese al patrimonio del que es titular».

Por todo ello, fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en octubre de 2019 como responsable de un delito de insolvencia punible, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño, a la pena de dos años de prisión. Además se le impuso el deber de pagar una multa de 3.600 euros y a que indemnizara, en concepto de responsabilidad civil, a la Hacienda Pública con 1.119.854 euros.

En la resolución judicial, los magistrados de la Sección Tercera acordaron la suspensión, por tiempo de cinco años, de la pena de prisión impuesta. Esto estaba condicionado a tres aspectos: No delinquir durante dicho plazo, pagar la multa impuesta y abonar la indemnización determinada.

Los problemas que han llevado a la Audiencia a dictar el auto en el que se ordena su ingreso en prisión están relacionados con este último apartado. En el documento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, se precisa que se estableció un calendario de pago para afrontar la indemnización, algo que se ha incumplido.

Siempre según las resoluciones de la Sección Tercera, dentro de ese plan de pago, en fecha 04/02/2021 Puche tenía dos meses para ingresar 210.061,15 euros. Sin embargo, transcurrido dicho plazo, solo constaban dos ingresos de 1.300 euros cada uno.

Los jueces indican que de esta forma se ha dado un «grave incumplimiento del calendario de pago establecido». En este sentido, apuntan que desde el 11/12/2019, cuando se estableció dicho plan, se han ingresado 19.362,85 euros, mientras la suma que tendría que haber abonado hasta la fecha según el fraccionamiento acordado asciende a 279.168 euros.

Los magistrados señalan que, por ello, procede revocar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena prisión. En el auto, dictado el 13 de abril, establecen «un plazo improrrogable de diez días» para que Puche ingrese voluntariamente en un centro penitenciario para cumplir con los dos años de cárcel a los que fue condenado. Sin embargo, este auto no es firme y ya ha sido recurrido por el letrado de Puche.