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La familia del vecino de Lora muerto tras ser reducido en Estepona ampliará su denuncia y ve «ocultación»

La familia del empresario constructor de Lora del Río (Sevilla) Juan Antonio Hans Checa, fallecido el pasado 23 de enero en un hotel de Estepona tras ser reducido y esposado por agentes de la Policía Nacional tras requerir el personal del hotel su presencia ante la actitud «agresiva» de esta persona; ampliará su denuncia por presunto homicidio imprudente contra los efectivos policiales que realizaron dicha actuación, insistiendo en que sea la Guardia Civil el cuerpo que investigue el caso y avisando de que las autoridades están «ocultando» aspectos para «tapar» lo ocurrido.

El abogado penalista y doctor en Derecho Penal Luis Romero ha celebrado este lunes una rueda de prensa junto con la viuda del fallecido, Cristina Navarro; y el hermano del mismo, Javier Hans; para dar cuenta de nuevo de las actuaciones planteadas ante el Juzgado de Instrucción número tres de Estepona, encargado de la causa correspondiente a la muerte de esta persona.

Según el letrado, este empresario constructor de Lora estaba sobre las 21,40 horas en el hotel Ona Valle Romano de Estepona, donde se alojaba por motivos de su actividad empresarial, cuando se personaron «hasta ocho agentes de la Policía Nacional al ser avisados por personal del hotel de que estaba alterado y nervioso, siendo cierto que a veces sufría alguna alucinación por posible brote psicótico»; además de que «sobre las 18,00 horas ya había intervenido la Policía en el Bar Peña de la misma ciudad por ocurrir lo mismo, siendo acompañado por los agentes al hotel sin ningún problema».

Según la Policía, los agentes acudieron primero al bar a instancias de los responsables del mismo, porque este hombre estaba «muy agitado y agresivo, consumiendo alcohol y podría estar bajo los efectos de las drogas», pues «le fue intervenido, entre sus pertenencias un envoltorio con una sustancia pulverulenta, al parecer cocaína».

La situación de esta persona era tal, según la Policía Nacional, que «se avisó a una ambulancia», si bien pese a la llegada de los sanitarios, este hombre «rechazó toda asistencia médica».

Ya en el caso de la situación en el hotel, el letrado de la familia del finado viene sosteniendo que «su esposa, que es enfermera, avisó al 112 explicando las circunstancias de su esposo desde el primer momento; pero la Policía Nacional decidió actuar por su cuenta empleando una fuerza desproporcionada, sin avisar antes a personal facultativo especializado como psicólogos o un médico psiquiatra»; provocando supuestamente los agentes que «menos de una hora después de que interviniesen, ya estuviese muerto en unas extrañas e inexplicables circunstancias que deben ser aclaradas».

Según la Policía Nacional, «dado el estado de agresividad y agitación de dicho huésped del hotel, al fin de salvaguardar la seguridad de esta persona y la de otros usuarios del hotel», los agentes «tuvieron que utilizar la mínima fuerza imprescindible para reducirle, con uso de los grilletes reglamentarios».

En este contexto, según la Policía Nacional, este hombre entró «en parada» cardiorrespiratoria, ante lo cual los agentes «le colocaron en posición lateral de seguridad, y comenzaron a practicarle los primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador», hasta la llegada de una ambulancia con unos facultativos sanitarios que se sumaron a la asistencia de esta persona, que finalmente falleció.

El abogado Luis Romero, no obstante, ha señalado de nuevo este lunes que este empresario de Lora «murió en manos de la Policía», considerando él y sus familiares que los agentes habrían usado una fuerza «desproporcionada» para reducirle pese a que no habría cometido ningún hecho delictivo como tal.

En ese sentido, el letrado y los familiares del fallecido han dado cuenta de que ya ha sido formalizada la anunciada denuncia contra todos los policías que participaron en esta intervención por un presunto delito de homicidio imprudente, ya sea como posibles autores o como cómplices, en función de su papel. Además, han informado de que dicha denuncia inicial será ampliada con otro presunto delito de omisión del deber de socorro, por no recurrir a personal médico «especializado» para su atención. Así, la acusación particular reclama que el juzgado cite a declarar tanto a estos agentes, como a «todos los testigos del hotel».

Además, han informado de que el juzgado instructor del caso ha trasladado la incorporación a la causa de unas imágenes grabadas por una empleada del hotel con su teléfono móvil, que muestran según han relatado todos ellos cómo «entre seis y siete policías» se sitúan «encima» del empresario para reducirle, «como si fuese un delincuente peligroso»; mientras él «jadea», grita mensajes en demanda de que no le matasen y avisa «dos veces» de que se asfixiaba.

A ello se une, según han alertado, que las imágenes forenses muestran «sangre» en la cara, nariz y labios del empresario, planteando así la duda de si el mismo fue víctima de golpes por parte de los agentes.

Y es que su esposa avisa de que en el marco en el que este empresario estaba sufriendo «un brote psicótico», su familia considera que «no habría sufrido un infarto porque sí», extremo que a su entender «verifican» las imágenes de vídeo ahora incorporadas. «No necesitaba ocho policías, sino un médico», ha aseverado su viuda.

Javier Hans, hermano del fallecido, ha dicho de su lado que los agentes habrían actuado «saltándose los protocolos» y ha alertado de una «ocultación desde primera hora» de lo verdaderamente sucedido, pues la familia aún no habría podido ver el cadáver de Juan Antonio Hans Checa y sigue pendiente del informe preliminar de la autopsia; lo que induce a «sospechar» sobre «lo que quieren tapar».

El abogado ha informado además de que ya ha recurrido ante la Audiencia de Málaga la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Estepona de desestimar su petición de que las pesquisas policiales del caso sean acometidas por la Guardia Civil y no por la Policía Nacional, bajo la premisa de que en los hechos indagados participaron ocho de sus agentes y es necesaria una investigación «imparcial».

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