De «la fiesta del bitcoin» en Marbella a la caída del supuesto bróker acusado de estafar a 600 personas

El ascenso empresarial de Biosca fue tan vertiginoso como su caída. De alquilar una mansión en Marbella (al parecer, pagó por adelantado y en efectivo un año de la renta mensual, que era de 15.000 euros) a acabar escondiéndose de sus posibles víctimas y detenido en un control rutinario en Torrox en bermudas y deportivas.

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Sobre Biosca pesaba una orden de busca y captura decretada por la Audiencia Nacional, adonde llegó la querella presentada inicialmente en un juzgado gallego por la letrada Emilia Zaballos en representación de los primeros perjudicados. El asunto ha llegado a adquirir tal dimensión que han creado la Asociación Afectados Criptomonedas, la cual aglutina a más de 600 víctimas de este presunto fraude.

La querella dibuja, como si de una gráfica del mercado de valores se tratara, la trayectoria empresarial de Biosca. El documento detalla, a lo largo de 74 páginas, el modus operandi del supuesto agente bursátil, pese a que, según los querellantes, carecía de formación, licencia o seguro para ejercer dicha actividad.

Relatan los afectados representados por Zaballos que el don de Biosca era la cercanía, el contacto directo y diario con sus clientes, y la imagen familiar que mostraba. De hecho, cuentan que se citaba con ellos acompañado por su mujer y su hijo, y almozaraban con las respectivas familias.

Biosca se presentaba en redes sociales como gerente de una empresa dedicada al márketing online desde 2010. En 2019, cuando aún vivía en Toledo, empezó a captar inversores en criptomonedas. Según la querella, Biosca garantizaba –mediante contrato, firmado a su nombre o a través de su empresa, Algorithmics Group– una rentabilidad de entre el 20 y el 25% semanal, aunque después rebajó a un 10%.

Comenzó con una treintena de clientes, algunos de los cuales se convirtieron pronto en intermediarios a comisión, y en poco tiempo pasó a tener medio millar. Meses después, se mudó con su familia a Marbella para aumentar su «radio de acción» y buscar a inversores con mayor poder adquisitivo. Y lo consiguió. Sobre todo, cuando organizó, el verano pasado, la que bautizó como 'la fiesta del bitcoin'.

En su mansión de lujo instaló cuatro cajas fuertes –algunos inversores pagaban en especie, como un joyero que le entregó diamantes– y una habitación del pánico, y se rodeó de un equipo de seguridad.

La abogada Emilia Zaballos asegura que hay afectados que pusieron en sus manos hasta 20 millones de euros para comprar criptomonedas, pero que la inmensa mayoría son pequeños inversores que le entregaron ahorros de una vida, indemnizaciones por desempleo o pidieron un crédito empujados por la promesa de una alta rentabilidad.

Hasta su empleada del hogar figuraba entre sus clientes. Pero, según la querella, también había jueces, policías, inspectores de Hacienda, notarios, abogados... De todos ellos escapó cuando, a finales del año pasado, empezó a fallar en sus compromisos de rentabilidad. Y con él, al parecer, todo el dinero que invirtieron.