Desbandada tras el disparo que mató al dj en Marbella: dejaron su cadáver en el chalé y le robaron el portátil

La fiesta se convocó a través de un chat, con sus 'flyers' de publicidad, luces de discoteca, cachimbas, un equipo de música valorado en más de 20.000 euros y dos dj contratados por turnos. Uno era Chema (40 años), un gallego de nacimiento –sevillano de adopción– que quería dejar el mundo de noche y dedicarse con su chica a trabajar como auxiliar de vuelo. Mientras tanto, se sacaba unas pelas pinchando. Era conocido como dj JM Ares y había trabajado en algunos locales de moda de la costa gaditana.

La ubicación es secreta. Los organizadores alquilan una mansión de lujo para todo el fin de semana. El negocio es rentable, unos 20.000 euros por fiesta, calculan los investigadores. Nunca repiten chalé. Para cuando los vecinos protestan, ya están en otro lugar. Se mueven por diferentes villas de Marbella o alrededores. Chema ya había estado pinchando en alguna de estas fiestas. De hecho, en diciembre, ya vivió un tiroteo en un chalé de Benahavís. Esa vez, las balas las recibió un joven marroquí que salvó la vida. Él no tuvo tanta suerte el 29 de marzo. Un disparo lo mató mientras ponía música.

La fiesta se celebró en un chalé de Guadalmina Alta, una urbanización de lujo de Marbella. Dj JM Ares pinchaba en la habitación principal, el salón. A unos cuantos metros se sentaban, en una mesa, varios hombres. Uno de ellos, según la investigación policial, es un alemán de 30 años al que vinculan con la banda Ángeles del Infierno (Hell Angels), una organización motera con sedes (capítulos) por medio mundo a la que se relaciona con el tráfico de armas, el narcotráfico y las extorsiones.

El Grupo de Homicidios de la comisaría de Marbella se ha centrado en desandar lo que pasó aquella noche, en identificar a los asistentes y en aclarar el papel que cada uno tuvo en el paso. Esta es la reconstrucción del caso, realizada de la mano del subinspector Tito Garzón, que encabezó la investigación policial, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.

Durante la noche del domingo, el joven alemán de 30 años, a la postre principal investigado en el caso, habría amenazado de muerte a dj JM Ares porque, al parecer, no le agradaba la música que estaba pinchando en ese momento. Según testigos interrogados por la policía, que se ha entrevistado con decenas de personas para esclarecer los hechos, esta fue la conversación:

–«O cambias de música o te mato».

–«Tranquilo, ahora cambio».

Las pesquisas policiales no vinculan esas supuestas amenazas previas con los disparos realizados, que consideran más bien una «bravuconada» del joven alemán, considerado presunto autor de la muerte. Sea como fuere, en torno a la medianoche, el sujeto presuntamente sacó una pistola que no ha sido localizada y apretó dos veces el gatillo apuntando al techo. El proyectil rebotó –era una bala blindada– e impactó en el cuello del dj.

Chema trató de refugiarse en la cocina. Allí cayó desplomado. Un par de personas intentaron auxiliarlo, pero viendo su extrema gravedad se marcharon. Todos lo hicieron: la supuesta organizadora, a la que los investigadores ubican dentro de la fiesta, los tres empleados de seguridad, uno de los cuales, al parecer, estaba de baja... Y todos los asistentes. Aunque desconocen la cifra exacta, los agentes creen que había entre 30 y 40 personas.

Solo una persona, después de marcharse, sintió remordimientos y acabó llamando a la policía. Lo hizo a las 00.30 horas del lunes. Dio la dirección del chalé y añadió: «Alguien ha disparado y hay un cadáver». Cuando los agentes llegaron al lugar, la mansión estaba completamente vacía. Solo encontraron el cuerpo sin vida de Chema en la cocina. No pudieron hacer nada por su vida.

Por llevarse, se llevaron hasta el cableado de la música –la policía ha detenido al otro dj que participó en el evento– y hasta el portátil que la víctima utilizaba para pinchar, que ha sido localizado en manos de una mujer que asistió a la fiesta, también arrestada. «Si no llega a producirse la llamada, igual llegamos horas después y el cadáver ya no está allí», apunta otra fuente de la investigación.

Los investigadores partían de cero. No había cámaras de seguridad, testigos... Nada. Pero encontraron un hilo del que tirar y en menos de 48 horas detuvieron en Málaga capital al presunto autor de los disparos y a su escolta, compatriota, de 28 años, que al parecer planeaban abandonar el país en breve. En los primeros cuatro o cinco días los agentes que llevaron el caso no durmieron más de seis horas porque sabían que los implicados podían salir de España.

La policía localizó el Hummer en el que ambos escaparon a toda velocidad de la urbanización tras los disparos. También registraron una vivienda en la que se hospedaba el principal investigado. Especialistas del GOIT, una unidad de élite encargada de encontrar lo que nadie puede a simple vista en los registros, localizaron en el doble fondo de una moto una Grand Power, un arma de fuego corta, automática, que está preparada para disparar ráfagas como si se tratara de un subfusil.

En la operación se incautaron del chaleco de la banda motera con el capítulo Marbella. Al parecer, los Hell Angels lo han reclamado desde Alemania argumentando que no pertenece a las personas, sino a la organización. La policía ha rechazado la petición al estar intervenido y a disposición de la autoridad judicial como una de las pruebas del caso.

Tras «múltiples gestiones», los agentes lograron detener a otras ocho personas por supuestos delitos de encubrimiento y omisión del deber de socorro. Entre ellas están el alemán y el iraquí que compartía mesa en la fiesta con el presunto autor de los hechos; los dos supuestos organizadores de la fiesta; los tres hombres que hacían las labores de seguridad del evento; y el otro dj contratado aquella noche.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado y de su escolta. «Nos ha costado muchísimo que la gente colaborase. Hay mucho miedo», expresa el subinspector Garzón. Su grupo, ayudado por policías de Información, Científica y Udyco, además de los Goes, han seguido indagando para identificar a los asistentes –sin implicación directa en los hechos– para sancionarlos por incumplir las restricciones impuestas por la pandemia. Ya hay nueve denunciados.