El caso de supuestas agresiones sexuales a seis niñas de una misma familia está a punto de juzgarse. Las investigaciones de la Policía Nacional, que tienen como nexo de unión al presunto autor, que es tío político o primo -según el caso- de las víctimas, se han desgajado en dos procedimientos que se han instruido en distintos juzgados de Málaga.
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El caso, tal y como ayer adelantó SUR, se desatapó en marzo de 2022 a raíz de que la psicóloga de una menor advirtiera a su madre de que su hija podía estar sufriendo abusos sexuales por parte de un familiar. La mujer acudió al centro de salud para que examinaran a su hija y amagó con denunciar, pero en aquel momento se echó atrás para evitarle un trauma a la niña, que entonces tenía 9 años.
El atestado con su testimonio, que la policía confeccionó y llegó a enviar al Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, pese a no haber denuncia, se reactivó cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que, al parecer, no era un caso aislado, sino que, presuntamente, había cinco víctimas más del presunto pederasta.
El primer caso, el de la niña de nueve años, que está representada en la causa por el letrado Juan Antonio Martínez Santiago, de Martínez & Gámez Abogados, ya se ha instruido y ha concluido la fase intermedia, por lo que está a punto de ser juzgado. La vista estaba señalada para septiembre, aunque se suspendió y se aplazó a marzo de 2025.
Por este asunto, en el que se investigan supuestos abusos sexuales a una de las niñas, la Fiscalía pide para el presunto pederasta una pena de cinco años de cárcel, que la acusación particular, ejercida por la familia, eleva hasta los seis años. El Ministerio Público reclama una indemnización de 5.000 euros, mientras que el abogado de la menor solicita 20.000 euros por las secuelas sufridas.
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La pequeña y su madre han estado en seguimiento a lo largo de 25 sesiones con los especialistas de la Fundación Márgenes y Vínculos, que ha emitido un informe encargado por el juzgado de instrucción en el que considera «creíble» su testimonio.
Mientras llega el juicio, el magistrado dictó, en octubre de 2022, una orden de alejamiento del investigado respecto de esta menor, a la que no puede acercarse a menos de 200 metros, según ha podido saber este diario.
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La medida de protección es coetánea a la aparición de los nuevos casos, que se destaparon en el otoño y el invierno de ese año. Estas cinco menores declararon en el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, que envió el atestado al Juzgado de Instrucción número 10. Este otro procedimiento está en la fase intermedia, pendiente de las calificaciones de las partes para encarar también el juicio.
Casi todas las víctimas coinciden en que los tocamientos ocurrían en el domicilio del sospechoso cuando éste y su mujer se quedaban a cargo de las menores. Una de las jóvenes también manifestó haber sufrido agresiones sexuales durante una escapada de fin de semana a una casa rural donde se reunió toda la familia para celebrar que habían levantado las restricciones de la Covid-19.
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Por su parte, la más pequeña de las tres hermanas refirió haber sufrido «infinidad» de agresiones desde los ocho años con la excusa de jugar a los médicos o a darse masajes. Y que, según su declaración, le premiaba con dinero, chocolatinas o vápers.
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