La defensa del presunto secuestrador de Maracena pide su puesta en libertad o medidas alternativas a prisión

El letrado Luis Molina ha señalado en declaraciones a Europa Press que en la mañana de este lunes ha formalizado un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación contra el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza decretado el pasado viernes por el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada al entender que no se dan las circunstancias para que su cliente sea sometido a esta medida «tan gravosa» dado que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de posibles pruebas.

Ha solicitado que sea puesto en libertad o que de forma alternativa se apliquen otras medidas, como el ingreso en un centro psiquiátrico --dado que está bajo tratamiento--; la prohibición de salir del territorio nacional con la retirada del pasaporte y obligación de firmar periódicamente en el juzgado u otras opciones que no sean tan contundentes como la cárcel. «Si se trata de proteger a la denunciante», el letrado sostiene que el juez puede decretar una orden de alejamiento e incluso la colocación de una pulsera telemática a su cliente para garantizar su cumplimiento, como alternativa a la prisión.

Junto a ello, ha presentado un escrito ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que si la puesta en libertad no se produce el presunto secuestrador, identificado como Pedro G., sea trasladado desde la prisión de Albolote (Granada) a la prisión de Alhaurín de la Torre, dado que su familia reside en Málaga y así podría estar cerca de ella, en tanto que tiene dos hijas menores y una madre de avanzada edad.

Entre las acciones previstas en las próximas horas por el letrado, del Bufete Luis Molina, se encuentra la entrega de nueva documentación clínica sobre el estado de salud mental de su cliente, dado que el examen forense al que fue sometido en el juzgado se hizo accediendo a los datos del Servicio Andaluz de Salud pero no ha tenido en cuenta los informes privados y el resto de la documentación generada en la clínica en la que ha sido tratado en Málaga y que pueden arrojar más luz sobre su estado psicológico. A tenor de esta nueva documentación, pedirá que se revise el informe psicológico para evaluar la imputabilidad penal.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha decretado el secreto sobre las actuaciones durante 30 días, por lo que el letrado aún no ha podido tener acceso a este informe ni al resto del expediente para el desarrollo de la defensa, por lo que tiene previsto entrevistarse en las próximas con su cliente en prisión para conocer toda su versión de los hechos. Junto a ello, es previsible que el juez instructor inicie en los próximos días una ronda de toma de declaraciones, tanto a la concejal que fue secuestrada, que podría personarse en el proceso si lo considera oportuno, como a otras personas que pudieran aportar datos de lo ocurrido.

LA INVESTIGACIÓN

El secuestro se produjo el pasado martes 21 de febrero por la mañana, después de que la concejal dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE). El acusado supuestamente le puso una excusa para subir a su coche y le amenazó con un pistola que se ha confirmado que era simulada, y un machete, que también ha sido localizado por la Guardia Civil, de acuerdo a lo que ha trascendido hasta el momento de la investigación.

En un momento dado, maniató a la edil, le tapó la cabeza y la metió en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse, según explicó la propia edil en su primera declaración ante la Guardia Civil tras lograr escaparse. En ese momento, ella vinculó su secuestro con una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Maracena que ella pretendía destapar.

La Policía Judicial se ha dirigido al Ayuntamiento de Maracena para solicitar que se salvaguarden los expedientes correspondientes a las áreas de Intervención, Secretaría y Urbanismo y Contratación a fin de evitar cualquier modificación o destrucción de expedientes. El Ayuntamiento niega cualquier tipo de irregularidad y ha remitido a la Fiscalía por iniciativa propia los expedientes del área de Urbanismo desde el año 2007 para su revisión, si procediera. También se ha anunciado una auditoría y la convocatoria de un pleno extraordinario este próximo miércoles en el que los grupos de la oposición podrán preguntar directamente al equipo de gobierno local, del PSOE, sus dudas en torno a todo este asunto.