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El caso tuvo una gran repercusión. Los clientes de un restaurante de Marbella encontraron en la orilla de la playa el cadáver de una mujer decapitada, sin manos y con un gran corte en el abdomen. El hallazgo se produjo la tarde del 8 de enero de 2023 y dio lugar a toda clase de especulaciones, incluida la posibilidad de que fuese una 'mula' del narcotráfico a la que hubiesen rajado para extraerle el alijo, aunque los forenses rechazaron muy pronto esa hipótesis por el tipo de lesiones.
La resolución del caso se precipitó precisamente por la difusión masiva que hicieron los medios de un vídeo grabado por un testigo en el que se apreciaba el cadáver en la orilla. En esas imágenes, pese a que se publicaron difuminadas, un hombre creyó reconocer a su hermana, la colombiana Natalia M. (45 años), que se encontraba desaparecida.
Además de llamar a comisaría, el hermano de la víctima dio una pista que a la postre resultaría clave. Natalia había mantenido una relación de pareja durante aproximadamente cinco meses con un compatriota al que acabó denunciando por violencia machista y que fue condenado a 16 meses de cárcel y se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima.
La Policía Nacional lo arrestó horas después y, pese a sus evasivas y sus mentiras en busca de una coartada, los investigadores acabarían arrancándole una confesión. Ahora, la Fiscalía lo acusa de quebrantamiento de condena y asesinato, delitos por los que pide penas de 25 años y nueve meses de cárcel. La acusación particular, que ejerce el abogado Ricardo Álvarez-Ossorio en representación de la familia de Natalia, solicita 26 años de reclusión.
El Ministerio Público considera que Leonel H., que también tenía 45 años cuando ocurrieron los hechos, planificó el crimen «desde días antes» con el objetivo de asegurar el resultado y ocultar pruebas que lo pudieran incriminar. Fue un «ataque sorpresivo, por la espalda, sin posibilidad de defenderse», incide el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso SUR.
En ejecución del «plan preconcebido», la mañana del 8 de enero, Leonel pidió a un compañero de trabajo que alquilara una furgoneta de carga sin ventanas. Tras recogerla, ambos se dirigieron a un centro religioso donde el presunto asesino sabía que podía encontrar a Natalia, ya que acudía cada domingo al culto, como también ocurrió ese día.
A las 12.30 horas, siempre según el relato de las acusaciones, Leonel abordó a la víctima, la subió a la furgoneta en la zona de carga, donde nadie podía verlos, y se dirigieron los tres al aparcamiento de Pinomar, donde se apearon Leonel y Natalia. El amigo del investigado siguió la marcha en dirección a La Cañada, donde entregó la furgoneta a las 13.11 horas.
Leonel «condujo» a Natalia a la Playa Real de Zaragoza y, siempre según la investigación, mantuvieron relaciones sexuales entre las dunas. Sin embargo, tras ello, aprovechando que Natalia se encontraba agachada en el suelo, la asfixió con sus brazos haciéndole un 'mataleón'.
A continuación, utilizando un cúter de hoja muy afilada que llevaba encima «con la expresa intención de emplearlo en el asesinato», presuntamente decapitó a Natalia y arrojó al mar su cabeza. Lo mismo hizo con las dos manos tras seccionarlas a la altura de las muñecas, aunque el oleaje las arrastraría hasta la orilla días más tarde.
Tras ello, se quitó la ropa, terminó de desnudar el cuerpo de la víctima y arrastró el cadáver por la arena hasta el mar, donde lo introdujo y le hizo una herida incisa en el abdomen para lograr que se hundiera. Su intención era que nunca saliera a flote y que no pudieran identificarla.
De vuelta a la playa, Leonel se vistió y volvió a su domicilio. En el camino de regreso, se paró a deshacerse del cúter, que tiró en la playa a la altura del Faro de Marbella, así como de las ropas y efectos de Natalia y las suyas propias, que arrojó en diferentes contenedores de basura.
La acusación particular ha solicitado una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos a los que deja huérfanos Natalia. También ha pedido que, si la sentencia es condenatoria, no se acceda a la expulsión de España del procesado, de manera que cumpla íntegramente la pena en el país donde habría cometido el crimen.
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