Tenía miopía y decidió someterse voluntariamente a una cirugía refractiva para no llevar gafas ni usar lentillas. Pero esta operación acabó por volverse en su contra. Al cabo de unos años, el hombre, de 54 años, comenzó a perder la visión de forma alarmante, hasta que en marzo de 2017 obtuvo el grado de gran invalidez. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al hospital privado donde el paciente fue intervenido tras llegar a la conclusión de que hubo negligencia médica. Por tanto, tendrá que indemnizar a la víctima con 173.599 euros.
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En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial sostiene que la entidad, el Hospital Pascual, no llegó a aludir al posible riesgo a sufrir ectasia corneal cuando informó al usuario sobre los peligros asociados a la operación. La enfermedad es un tipo de trastorno producido por el adelgazamiento progresivo de la córnea y, entre otros síntomas, suele generar miopía, astigmatismo o pérdida de la agudeza visual.
La víctima, que ha estado representada por el abogado Francisco Damián Vázquez, de la asociación El Defensor del Paciente, fue intervenida por primera vez en julio de 2000 mediante el método Lasik y, debido a la miopía residual que le quedó, se sometió a una segunda cirugía en noviembre del mismo año. Parecía que había salido bien, hasta que, años después, comenzaron los problemas de visión.
Como expone la asociación, «comenzó a perder visión de forma alarmante», por lo que le aconsejaron desde dicho centro que fuera a otra clínica oftalmológica para que le dijeran el motivo de la pérdida visual. En un informe de 2008, señala el Defensor del Paciente, relacionaron la pérdida de agudeza visual bilateral por posible ectasia corneal, «sin que a partir de ese momento le dieran ninguna solución».
En este caso, el tribunal ha puesto de relieve que, en el momento de las intervenciones, el riesgo de ectasia corneal ya era conocido por la comunidad médica y debía haberse comunicado al paciente. Además, se ha enfatizado en que el consentimiento informado no puede limitarse a mencionar riesgos generales o graves, sino que debe detallar todas las posibles complicaciones específicas y alternativas terapéuticas disponibles para garantizar que el paciente pueda tomar una decisión informada.
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Tras numerosas pruebas, el intervenido llevó el caso ante los tribunales. Según denunció, las secuelas que sufre son irreparables y en ningún momento le informaron sobre la posibilidad de sufrir esta enfermedad. También demandó que la operación no obtuviera el éxito deseado -sino todo lo contrario- y que desde el hospital no hicieran un seguimiento adecuado para comprobar el resultado de la intervención.
«Este caso pone en evidencia cómo la falta de información adecuada puede tener consecuencias devastadoras para los pacientes. Es fundamental que los profesionales médicos cumplan con su obligación legal y ética de informar de manera completa y comprensible sobre los riesgos inherentes a cualquier intervención médica», ha incidido al respecto la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores. «Solo así se protege el derecho del paciente a decidir sobre su salud con pleno conocimiento», ha recalcado.
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