En busca dos detenidos por el tiroteo a un restaurante en Marbella: fueron liberados tras un mes en prisión

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha emitido esta semana una orden de búsqueda y captura contra Darren H. y Gerrard S., los dos sospechosos de efectuar una quincena de disparos contra un restaurante a plena luz del día el pasado 11 de marzo y de estar vinculados al crimen organizado. La secuencia de los acontecimientos, según ha podido confirmar SUR, fue la siguiente: el 25 del mes del tiroteo fueron arrestados en un macrodispositivo de la Policía Nacional y, dos días después, ingresaron en prisión de manera provisional.

Apenas un mes después la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga decretó su puesta en libertad tras admitir los recursos presentados por las defensas, en los que se aludía a una nueva doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. Entre otras medidas, como se expone en ambos autos a los que ha accedido este periódico, se les impuso la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y siempre que fueran llamados ante el juzgado más cercano a su domicilio o a aquel que tramite la causa, además de la prohibición de salir del territorio español y la retirada de sus pasaportes.

Ya no se ha vuelto a saber nada de los sospechosos, quienes tampoco comparecieron ante la autoridad judicial a primeros de mayo, lo que ha motivado la emisión de una orden de busca y captura. Un caso que vuelve a salpicar a Málaga, como ha adelantado El Confidencial, y que -a pesar de las diferencias-, de algún modo, recuerda a la polémica puesta en libertad en marzo del líder de la Mocro Maffia detenido en Marbella, Karim Bouyakhrichan, el delincuente más buscado en Países Bajos, quien se encuentra en paradero desconocido desde el 1 de abril.

La decisión de la Audiencia Provincial de poner en libertad provisional a Darren H. y Gerrard S. se basa en el recurso que formularon las defensas tras alegar que no se les había permitido acceder «a los elementos esenciales de las actuaciones» para poder impugnar la privación de libertad decretada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que era el que se encontraba de guardia y el que interesó su ingreso en la cárcel de manera provisional.

Una vez que los dos sospechosos pasaron a disposición judicial fueron informados en su idioma de sus derechos y de los delitos por los que habían sido detenidos, así como de los elementos esenciales de la investigación que en ese momento se interesó que podían conocer dado el secreto de la causa. Los indicios que llevaron a su arresto y de los que se les informó oralmente tenían que ver con los seguimientos policiales y de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

En el momento en que los letrados tomaron la palabra durante la comparecencia hicieron constar de manera expresa que se había vulnerado su derecho a acceder por escrito a esos elementos esenciales del procedimiento que habían motivado el ingreso de prisión de los dos sospechosos del tiroteo, lo que les impedía ejercer su derecho de defensa con plenitud. Del mismo modo, precisaron que con carácter previo a la comparecencia se había solicitado dicho acceso por escrito en base a la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2018.

Tras estudiar ambos recursos, la Audiencia Provincial ha considerado que, a pesar de apreciar en la juez de instrucción la voluntad de exponer a las partes de aquellos elementos que entendía imprescindibles para el ejercicio de derecho de defensa, la información facilitada verbalmente «no colma las exigencias que el Tribunal Constitucional ha dado a la previsión legal de tener acceso a los elementos esenciales de las actuaciones».

Los magistrados, sobre este punto, han resuelto que se tendría que haber facilitado una copia a las partes de aquellos documentos que no comprometían el secreto del procedimiento y sirvieron de base al dictado del auto de prisión. De ahí que la Sección Tercera resolviera el pasado 22 de abril la puesta en libertad de Gerrard S. y, un día después, la de Darren H.

El tiroteo por el que los dos hombres en paradero desconocido fueron arrestados ocurrió sobre las doce de la mañana del 11 de marzo contra el restaurante La Sala. Según pudo saber este diario, la noche anterior al suceso, al parecer, se produjo una discusión en el local entre uno de los encargados y uno de los detenidos en la que, supuestamente, ya hubo amenazas. No obstante, los investigadores estarían convencidos de que ese encontronazo tendría un trasfondo que todavía no se ha esclarecido del todo y que los disparos fueron una especie de aviso. En este caso, siempre según las fuentes, las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los presuntos autores.

La minuciosa labor de visionado de las imágenes permitió reconstruir lo que sucedió antes de las doce de aquella mañana, cuando el establecimiento recibió 15 disparos desde las inmediaciones. Un individuo abandonó una vivienda de Nueva Andalucía a bordo de una Honda 750 con el rostro oculto bajo un casco integral. La moto, en ese momento, portaba una matrícula británica. El motorista se desplazó a otra casa situada a poca distancia y se introdujo en un garaje. A continuación, las cámaras mostraron a dos hombres que salían de dicho domicilio.

Al emprender la marcha, el anterior individuo ahora viajaba como copiloto y la placa había sido cambiada por otra española. El restaurante, al parecer, estaba a punto de abrir al público, por lo que se sospecha que los autores sabían que habría trabajadores en su interior. El conductor esperó con la motocicleta de gran cilindrada encendida mientras el otro se apeó de la misma y efectuó una quincena de detonaciones, que impactaron en su mayoría contra la cristalera. Las balas, de calibre 9mm Parabellum, también quedaron incrustadas en algunos sillones. A continuación se dieron a la fuga.

Los dos sospechosos, que rondan los 30 años y son de origen británico e irlandés, fueron arrestados el 25 de marzo en un gran dispositivo de la Policía Nacional, en el que intervinieron los investigadores de la Udyco con la colaboración de otras unidades como UPR de la Comisaría de Marbella, GOES y Medios Aéreos adscritos a la Comisaría Provincial de Málaga.

Según fuentes próximas, entre otros delitos se les imputan delitos de tentativa de homicidio, amenazas graves, tenencia ilícita de armas -en la vivienda de uno de ellos se halló una pistola, aunque el estudio balístico tendrá que aclarar si fue la misma que se empleó en el atentado-, falsificación de documentos e infracción de la Ley de Extranjería. Asimismo, en estas inspecciones los funcionarios intervinieron un machete de grandes dimensiones y 31.190 euros.

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