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Era 20 de enero cuando Catalina -más conocida en Benalmádena como Lina- dio el primer paso. Contó a los agentes que su expareja y padre de sus hijos pequeños, de once, nueve y siete años, le había levantado la mano y amenazado. Aunque estuvo a punto de no denunciar, al final decidió dar el paso; del mismo modo que lo hicieron más de seis mil mujeres (6.080 para ser precisos, 5.941 lo hicieron ante la Policía y 139 en el juzgado) el pasado año en la provincia de Málaga. Estas se unen a las 3.011 registradas por familiares, intervención directa policial y parte de lesiones, lo que engrosa la cifra hasta los 9.901, un 3,75% menos que en 2023.
Pese al leve descenso, el número de víctimas de violencia de género sigue constituyendo una cifra considerable: 8.284 o, lo que es lo mismo, más de 22 al día, frente a las casi 26 del ejercicio anterior. Los expertos, si bien, suelen coincidir en que las políticas de concienciación y la reducción de la tolerancia frente a este tipo de hechos se traducen en una mayor disposición de las mujeres a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ninguna de las cinco víctimas mortales, a manos de sus parejas o exparejas, contabilizadas en 2024 lo hicieron. Ana fue la primera. Era 12 de enero cuando su hijo la encontró en su piso de Torre del Mar tendida en su cama, boca arriba, junto a una vela y con evidentes signos de asfixia. A pocos metros, en su casa, encontró al hombre con el que su madre mantenía una relación sentimental desde hacía un año con una soga al cuello.
En marzo, el 17, Gracia fue sorprendida por su expareja cuando regresaba, en compañía de su hija menor, a su casa de un cumpleaños, en el municipio de Pizarra. La esperaba con dos armas de fuego en una esquina. El 6 de abril, Bianca, de origen estadounidense, fue asesinada por su pareja, con el que estaba de vacaciones, en un piso turístico en el centro de la capital. A Petra su marido, con el que llevaba toda la vida, la estranguló hasta quitarle la vida el 28 de junio en su domicilio de Fuengirola. El cuerpo sin vida de Laila fue hallado en una cuneta de Antequera el 5 de julio. Su pareja fue detenido por presunta autoría en la muerte por asfixia de la mujer.
También preocupa el número de casos en los que la víctima se acoge a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor, pues, en lugar de disminuir -en consonancia con las denuncias- ha aumentado un 6,51% con respecto a 2023, 704 frente a 661. Y es que, en ocasiones, las víctimas se ven presionadas para hacer uso de este derecho, lo que puede ser detonante en una sentencia. En el año 2024, la radiografía judicial refleja que el número de varones condenados por los distintos órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados penales y la Audiencia Provincial) en procesos sobre violencia de género alcanzaron casi los 2.400; en 2023, 2.061.
En 2024 se solicitaron 1.512 medidas de protección en la provincia frente a las 1.608 de 2023. Si bien, los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron una más el año pasado (1.117, es decir, el 73,88%) que el ejercicio anterior. Entre ellas destacan las órdenes tanto de alejamiento como de prohibición de comunicación.
En el 91,40% de los casos, revelan los datos, fueron las propias víctimas - en su mayoría, mujeres españolas mayores de edad- las que pidieron a los jueces que acordaran las medidas para preservar su seguridad. En un 42,26%, la víctima y su presunto maltratador ya no mantenían una relación afectiva. En 2023, en cambio, el porcentaje más alto de víctimas sí mantenía el vínculo sentimental cuando se le concedió la orden de protección.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron un total de 860 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos y la suspensión de la guardia y custodia.
Cabe recordar la posibilidad de recurrir las 24 horas del día todos los días de la semana al teléfono 016, al correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, o al canal del WhatsApp en el número 600 000 016 para pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.
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