La Audiencia Provincial de Málaga da dos días a Fernando Puche para que ingrese en prisión

La Audiencia Provincial de Málaga ha emitido un auto en el que ordena al empresario Fernando Puche que ingrese inmediatamente en prisión de forma voluntaria. Los magistrados de la Sección Tercera le dan un plazo de dos días para que acuda a un centro penitenciario y le advierten de que, de lo contrario, se procederá a ponerlo en busca y captura.

El caso por el que se ordena su ingreso en la cárcel es un asunto derivado de la condena que le impuso en 2010 la Audiencia Nacional por un delito de contrabando. En esa ocasión, la pena establecida, a raíz de su detención en una investigación por venta de tabaco libre de impuestos, fue de dos años de cárcel y 33,33 millones de euros de multa. Sus dos socios, P.A.M.G. y E.A.L.U., también fueron condenados a la misma pena, según la sentencia, en la que se establecía que los tres indemnizarían al Estado con 16,65 millones de euros, «importe total de lo defraudado».

Casi nueve años más tarde, en octubre de 2019, el que fuera presidente del Málaga CF fue condenado de nuevo. En esa ocasión, según se recoge en la sentencia, que fue dictada de conformidad con el empresario, realizó operaciones patrimoniales para colocarse en una situación de insolvencia.

Contrabando de tabaco

En la resolución judicial se explica que se le notificó en octubre de 2008 el auto de apertura de juicio oral –por el caso de contrabando de tabaco–, en el que se acordaba requerir al acusado para prestar fianza por importe de 16,35 millones de euros. Seguidamente, en noviembre de ese mismo año, se realizó al empresario requerimiento por el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga en idénticos términos.

No obstante, el expresidente del Málaga no prestó dicha fianza, decretándose por el Juzgado Central de Instrucción número 1 el embargo de todos sus bienes hasta cubrir ese importe. En la sentencia de la Audiencia de Málaga se indica que Puche, a sabiendas del contenido de dichas resoluciones judiciales, llevó a cabo diferentes actuaciones patrimoniales con el propósito de situarse en un estado de insolvencia y de eludir el pago al que fue condenado.

Esto ocurrió especialmente tras la notificación del auto de apertura de juicio oral en el que se le requería para la prestación de la fianza. Así, de la cantidad que se reclamó en concepto de responsabilidad civil –16,65 millones de euros– únicamente abonó 660.186 euros «pese al patrimonio del que es titular».

Insolvencia punible

Por todo ello, fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en octubre de 2019 como responsable de un delito de insolvencia punible, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño, a la pena de dos años de prisión. Además se le impuso el deber de pagar una multa de 3.600 euros y a que indemnizara, en concepto de responsabilidad civil, a la Hacienda Pública con 1.119.854 euros.

En la resolución judicial, los magistrados de la Sección Tercera acordaron la suspensión, por tiempo de cinco años, de la pena de prisión impuesta. Esto estaba condicionado a tres aspectos: No delinquir durante dicho plazo, pagar la multa impuesta y abonar la indemnización determinada.

Lo que ha llevado a la Audiencia a dictar el auto en el que se ordena su ingreso en prisión está relacionado con este último apartado. En el documento judicial se precisa que se estableció un calendario de pago para afrontar la indemnización, algo que se ha incumplido.

Siempre según las resoluciones de la Sección Tercera, dentro de ese plan de pago, en fecha 04/02/2021 Puche tenía dos meses para ingresar 210.061,15 euros. Sin embargo, transcurrido dicho plazo, solo constaban dos ingresos de 1.300 euros cada uno.

Calendario de pago

Los jueces indicaron que de esta forma se ha dado un «grave incumplimiento del calendario de pago establecido». Por ello, los magistrados señalaron que procedía revocar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena prisión y emitieron un auto el pasado 13 de abril con «un plazo improrrogable de diez días» para que Puche ingresara voluntariamente en un centro penitenciario para cumplir con la pena de cárcel a la que fue condenado.

Sin embargo, la resolución no era firme y fue recurrida por el letrado de Puche. Solicitó que se revocara la decisión de enviarlo a prisión en base a que el que fuera presidente del Málaga ha mostrado su compromiso de pagar la indemnización, efectuando ingresos mensuales acordes a su capacidad económica.

Tanto el propio Puche como su abogado, el letrado, Juan Manuel Aido insistieron en que el penado no puede afrontar una cantidad mayor de los pagos debido a la situación en la que se encuentran sus bienes –por ejemplo embargados– y que siempre ha mostrado un «esfuerzo reparador». «Además, con la pandemia, todo lo que tenía pensado no se ha podido llevar a cabo», manifestó Puche en declaraciones a este periódico.

Situación económica

Con el informe de la Fiscalía a favor de que Puche ingresara en la cárcel, el pasado 28 de octubre los magistrados tumbaron el recurso del empresario malagueño y, de nuevo, ordenaron su ingreso en prisión, esta vez con un plazo de dos días, a contar desde el momento de su notificación. Al respecto, los magistrados explican que Puche conocía las condiciones del calendario de pago establecido para suspender su ingreso en prisión y que lo ha incumplido sin que haya acreditado un cambio «extraordinario» en su situación económica.

Los jueces de la Sección Tercera precisan en este último auto, que es firme y no se puede recurrir, que no ha existido «un compromiso serio» por parte de Puche con el pago de la cantidad que debía asumir. Actualizan las sumas abonadas y explican que, de los 152.462 euros que ha pagado hasta el momento, abonó 120.000 euros en octubre de 2019 y que, desde entonces, solo ha ingresado 32.462 euros, siendo el último de ellos de 1.300 euros el 5 de octubre.

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