El 'caso Astapa' se queda en casi nada: Barrientos, condenado a cinco meses de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Málaga ha dado a conocer este viernes el fallo del 'caso Astapa', que ha quedado en casi nada tras un año y medio de juicio y casi 18 años desde que se inició la causa contra la supuesta trama de corrupción política y urbanística en Estepona. El tribunal ha absuelto a 31 acusados y ha condenado a otros 15, entre ellos, al exalcalde socialista Antonio Barrientos, a quien se ha impuesto la pena de cinco meses y siete días de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 40.000 euros por un delito continuado de cohecho pasivo.

Para el resto de los 14 condenados, la Sala ha fijado en su mayoría penas de multa o de inhabilitación para el ejercicio público. La sentencia sólo recoge penas de prisión, aunque menores, para tres de los procesados. Estas son de seis meses en el caso de los exconcejales Manuel Reina y José Ignacio Crespo de Luca, del Partido de Estepona (PAS), quienes admitieron su implicación y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en la fase del juicio oral. Al tercero, que ocupaba el puesto de jefe de planeamiento urbanístico, se le ha impuesto cinco meses de cárcel.

En todos los casos, el tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la hora de establecer las penas, que sobre todo son por delitos de cohecho pasivo o activo, blanqueo de capitales y falsedad. De las 31 personas que han quedado absueltas al finalizar el juicio, el fiscal había retirado su acusación para nueve de ellas, mientras que otras 15 lo han sido con todos los procedimientos favorables. En el caso de otros siete investigados, la propia Sala consideró que los delitos ya habían prescrito.

Cabe recordar que el ‘caso Astapa’ se remonta al año 2007, aunque tuvieron que pasar 16 años para que diera comienzo el juicio, en enero de 2023. Se trata de un macroprocedimiento que contaba con 351.114 folios entre los 128 tomos principales y los 646 de piezas documentales. Inicialmente, casi 50 personas se sentaron en el banquillo como acusados, entre ellos exdirigentes del PSOE y del PES, además de empresarios y funcionarios. Dada la complejidad, fue estructurado por bloques para facilitar su celebración.

La macrocausa ha estado principalmente centrada en las presuntas irregularidades urbanísticas y políticas cometidas en Estepona entre los años 2003 y 2008. En el informe inicial, la Fiscalía Anticorrupción acusaba por supuestamente tener «una 'caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».

Así, según incidía la acusación, cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios». El ministerio fiscal consideraba que las contribuciones supuestamente «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».

Anticorrupción también apuntaba en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento.

En el escrito de conclusiones definitivas, hecho público en julio, el fiscal rebajó las penas que pedía para la mayoría de los encausados por dilaciones indebidas extraordinarias, además de retirar la acusación para nueve de los investigados. En el caso de Barrientos, de los diez años y nueve meses de cárcel y la multa de un millón de euros que solicitaba inicialmente para Barrientos por los delitos de falsedad, fraude y malversación, pasó a pedir dos años de cárcel y una sanción de 40.000 euros.

Una vez finalizada la lectura del fallo, el exalcalde de Estepona ha anunciado que recurrirá la sentencia y ha defendido que su «actuación siempre fue impecable». Aunque todavía tiene que analizar la sentencia, de más de 3.000 folios, ha aseverado sobre el 'caso Astapa' que «se ha demostrado que esto es un verdadero dislate y en todo lo referente a los convenios urbanísticos, y lo dice la sentencia porque no ha habido condenas, que eran legales». «La verdad es que tendríamos que hacérnoslo mirar porque 17 años para esto es una verdadera infamia», ha denunciado.

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