Agentes de la Guardia Civil han detenido al propietario de un taller de vehículos pesados de Benalmádena por el presunto envío ilegal de material de Defensa cuyo destino era Arabia Saudí y que, según constataron los investigadores, se habría llegado a emplear en conflictos bélicos, como el de Yemen. Al empresario se le imputa la comisión de un delito de contrabando continuado, por el que también hay otro varón investigado en el marco de esta causa.
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De acuerdo con fuentes próximas al caso, el hombre habría obtenido unos beneficios próximos a los tres millones de euros tras una década enviando motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas.
La detención se produjo el pasado 14 de febrero, cuando el sospechoso, un varón de mediana edad y origen español, fue sorprendido por un despliegue del Instituto Armado en el momento en que se disponía a abandonar su vivienda.
Aquel fue el día en que explotó la operación 'Sabra', meses después de que se detectara en la Junta Interministerial Reguladora del Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) la existencia de una empresa española que, al parecer, llevaba años realizando exportaciones ilegalmente de dicho material.
Los investigadores, además, constataron que desde la sociedad también se proporcionaba supuestamente asistencia técnica para llevar a cabo la modernización de numerosos vehículos blindados y acorazados de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí.
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Dichos carros, de acuerdo con la Guardia Civil, fueron posteriormente utilizados en la guerra de Yemen, contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictadas en contra de exacerbar este conflicto bélico.
Según las fuentes, el dueño de este taller, hace aproximadamente una década, pasó una temporada en este país, donde habría aprovechado para establecer contactos con propietarios de otras empresas dedicadas a este tipo de vehículos ubicadas en la zona, con quienes se habría puesto de acuerdo para llevar a cabo la actividad contrabandista.
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Para realizar estas operaciones, que carecían de las preceptivas licencias de transferencia de las autoridades de comercio españolas, presuntamente eran declaradas de manera fraudulenta como si se tratase de repuestos de camiones civiles.
Además del arrestado, otro varón, también de mediana edad y español, está siendo investigado por su presunta pertenencia a esta trama, ya que los agentes hallaron indicios dado su vínculo con el taller de Benalmádena, que también fue objeto de registro.
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El comercio internacional de material de defensa y de doble uso está rigurosamente controlado, ya que para su legal exportación desde nuestro país, las empresas deben estar inscritas en un registro especial del Ministerio de Comercio y contar con una licencia para cada una de las exportaciones.
Asimismo, estas solicitudes de licencia tienen que ser estudiadas y aprobadas por la Junta Interministerial Reguladora del Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), órgano colegiado del Gobierno en el que participa activamente la Guardia Civil.
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El objetivo, como apunta la Guardia Civil, no es otro que evitar que este tipo de materiales puedan ser desviados ilegalmente a países en conflicto o de preocupación. Estos mecanismos, además, garantizan la protección de los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado y el cumplimiento de los embargos internacionales y de los compromisos internacionales adquiridos por España.
Con esta intervención se ha impedido no sólo que la empresa investigada continuara exportando ilegalmente materiales militares sin ningún tipo de control por parte de las autoridades españolas, sino también que dichos materiales pudieran haber sido desviados a conflictos bélicos, como el citado de Yemen; o a otros países de Oriente medio.
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La operación ha sido desarrollada por la Jefatura de Información (UCE3) de la Guardia Civil, con el apoyo del Grupo de Información de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
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