Archivan la causa contra el exalcalde de Coín y otros cargos públicos por los vertidos de agua sin depurar

La causa abierta contra el exalcalde de Coín, Fernando Fernández Tapia-Ruano (ahora delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga) por no depurar las aguas de la localidad ha sido archivada. Así se recoge en un auto dictado por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de la localidad, al que ha tenido acceso SUR y en el que se dicta el sobreseimiento provisional de las diligencias.

El juez considera que no está «justificada debidamente la comisión de un delito». La Fiscalía envió un escrito al juzgado en el que se interesaba igualmente por el archivo de la causa en su informe previo.

Así, tanto el exalcalde como otros excargos públicos de Coín -entre ellos está el regidor al que sucedió Fernández, Gabriel Clavijo- quedan exentos de responsabilidad en los vertidos, como ya declararon en su día cuando salió a la luz la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en torno a la falta de depuración de aguas residuales.

La operación 'Vastum' -vertido en latín- se originó a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción en el año 2017. Las primeras dos fases de esta actuación incluyeron a Coín y a Nerja, localidades que junto a Alhaurín el Grande no disponen de ningún tipo de planta de depuración de aguas. Un total de 24 cargos públicos de estos tres ayuntamientos han sido investigados por estos hechos, y hasta el momento solo se conoce el archivo de las causas abiertas contra cuatro de ellos (de Coín).

La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, informó a SUR que de momento no han recibido ningún tipo de notificación judicial, al igual que ocurre en Nerja. Coín fue la primera de las tres fases de la operación 'Vastum', por lo que es previsible que el resultado de la instrucción se conozca más adelante en estos dos casos.

En la denuncia presentada por los ecologistas se señalaba que estos municipios depositan sus aguas residuales sin depurar en los ríos «de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los requerimientos de la Administración».

En concreto, el documento apuntaba a la posible existencia de un delito de estafa al considerar que desde el año 2011 empezó a cobrarse un canon de depuración a los contribuyentes de toda la comunidad autónoma, tras su aprobación en la Ley de Aguas de Andalucía. El colectivo entendía que los ayuntamientos sin sistema de depuración podían estar defraudando a los usuarios al cobrarle una tasa -aunque el destinatario final del canon es la Junta- por tratar el agua cuando no la sometían a depuración alguna por carecer de infraestructuras.

La Fiscalía encargó la investigación en 2017 al Seprona, cuyos agentes remitieron un informe preliminar de la documentación obtenida ese mismo año, en el que señalaban «el incumplimiento de la legislación medioambiental» por parte de esos tres municipios en la gestión de sus vertidos de aguas residuales. El 13 de noviembre de 2017 la Fiscalía acordó que se investigaran, por separado, aunque dentro de una misma operación, las tres patas de 'Vastum', de las cuales una ya ha sido archivada de forma provisional.

En el caso de Coín, el Seprona constató que las aguas residuales urbanas (domiciliarias, fecales e industriales) se están vertiendo en los cauces de los arroyos Bajo y Mortaja, ambos afluentes del río Pereila, que es un espacio natural protegido, provocando una zona «muerta, sin vida» desde el punto de vista ecológico.

Todos los cargos públicos consultados a raíz de 'Vastum' recordaron que son la Junta de Andalucía y el Estado las administraciones que ha asumido la potestad de construir las depuradoras mediante un convenio vigente.