Amenaza a punta de pistola a un hombre en Antequera y cae por tráfico de drogas y falsificación de monedas

El encuentro transcurrió en las inmediaciones de un hotel de Antequera, donde empezó a interrogar a un trabajador de una empresa dedicada a recaudar el dinero de los salones de juego. Quería saber los itinerarios de las furgonetas y los días de mayor ganancia. Al negarse el empleado a facilitarle esa información le mostró un arma de fuego. Si no respondía, le dijo, acabaría «en una cama de un hospital sin poder moverse».

La denuncia de la víctima de las amenazas llevó a la Policía Nacional a investigar al hombre, descubriendo así que vendía droga en su vivienda -también la suministraba desplazándose a locales del municipio en coche, pese a carecer del permiso de conducir- y que disponía de dinero falsificado. Así ha quedado probado para la Audiencia Provincial de Málaga, que ha condenado al individuo a nueve años de prisión.

Según se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, las amenazas se produjeron el 28 de septiembre de 2022, tras lo que los agentes iniciaron las pesquisas para conocer los medios de vida del encausado. Pronto supieron que se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes a pequeña escala. Era continuo el goteo de personas que acudían a su domicilio para adquirir su dosis.

De igual manera, el investigado usaba un Volkswagen Scirocco para ir a diversos locales para efectuar la entrega de la sustancia, y ello pese a que no tenía autorización administrativa para conducir. Con todos los indicios recabados, los efectivos realizaron la entrada y el registro de su casa a finales de 2022, también en Antequera, donde se intervinieron diversas cantidades de sustancias, especialmente cocaína.

Los policías también hallaron 37 billetes de 500 euros que resultaron ser copias falsificadas, además de una pistola de la marca STV ARMS, cuya tenencia en España está prohibida a particulares, 52 cartuchos de 9 milímetros y dos de fogueo. En cuanto a vehículos, disponía del turismo y de dos motocicletas que, a juicio de los magistrados, compró para la venta de sustancia o fueron entregados por compradores para pagar sus dosis.

La Audiencia Provincial le ha interpuesto tres años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública, por el que también tendrá que abonar una multa de 20.000 euros. Por las amenazas, suma otra pena de un año y medio de cárcel y por el delito de falsificación de moneda otros cuatro años de ingreso en un centro penitenciario. En total, nueve años en prisión. A ello, se añade la sanción de 5.400 euros por el delito contra la seguridad vial.

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