Advierten del «colapso total» de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Málaga al asumir todos los delitos sexuales

El trasiego diario en el pasillo de los juzgados de violencia sobre la mujer de Málaga no deja lugar a dudas de la sobrecarga que sufren. Lejos de mermar, a partir de octubre, los titulares de estos órganos advierten del «colapso total» al asumir todos los delitos sexuales tras la aprobación de la ley de eficiencia organizativa.

Estos juzgados comenzarán, por tanto, a conocer de delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual a una mujer con independencia de que entre la víctima y el agresor haya o no un vínculo afectivo. «Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos Juzgados ya de por sí saturados».

Según sus cálculos, la carga de trabajo se incrementará en un 20%, lo que repercutirá directamente en la lucha contra la violencia de género, así como en la protección de las mujeres y de sus hijos, indican en una carta firmada por 135 jueces de todo el territorio nacional.

Ante el malestar de los jueces de violencia sobre la mujer, el pasado 9 de enero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, informó de que se que algunos juzgados de instrucción se transformarían en juzgados de violencia de género. Si bien, los titulares de estos órganos judiciales critican que el refuerzo entrara en funcionamiento tres meses después de que asuman las nuevas competencias y que las «facilidades no son reales».

Asimismo, los jueces denunciantes señalan que en 20 años se ha producido un aumento «progresivo y exponencial» de los delitos vinculados a la violencia machista sin que «haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de juzgados» ni una mejora de los recursos personales ni materiales. «La mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios».

Y el conjunto de delitos contra la libertad sexual no se queda atrás. Según los informes elaborados por el Ministerio del Interior, estas infracciones penales han aumentado casi el doble, año tras año desde 2016. En 2024 se registraron 838 -o, lo que es lo mismo, dos cada día-, un 10,55% más que el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 758.

En esta línea, los magistrados advierten de que si se recibe una causa de agresión sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, todo lo demás ha de pasar a un segundo plano. Es por ello que, consideran, «se va a producir un significativo paso atrás» que, a su juicio, puede generar «espacios de desprotección y riesgo paras las mujeres de dicha violencia y su hijos ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto».

«Quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia, consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025», concluyen.

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