Absuelven al 'príncipe de Marbella' de falsificar su título y condenan al notario que dio fe

Se autodenominaba 'príncipe de Marbella' y había creado una web del principado con embajadores y «personas influyentes». Dicen que hasta pretendía acuñar su propia moneda. Paradójicamente, Antonio Pleguezuelos Velasco ha sido absuelto de falsificar su título, mientras que el notario que dio fe del mismo ha sido condenado.

La sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga había condenado a ambos -el fedatario público como autor y el cliente, como cooperador necesario- por un delito de falsedad documental por imprudencia grave. Al notario le impusieron una pena de ocho meses de multa (3.600) y al falso príncipe, cinco meses de multa (2.250 euros).

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena para el fedatario público y la ha revocado respecto a Antonio Pleguezuelos al considerar que no pudo actuar como cooperador necesario, ya que, como indica la Sala, su figura se acercaría más a la de inductor, sin que haya sido acreditada esta conducta.

Así, el 16 de diciembre de 2016, el notario realizó «a instancia de Antonio Pleguezuelos» un acta de notoriedad en la que se hacía constar que éste último ostentaba el «título principesco de príncipe de Marbella como dignidad principesca del Reino de España con carácter vitalicio», recoge literalmente la resolución judicial.

El notario aceptó la proposición. En el mismo documento, Antonio Pleguezuelos solicitó al fedatario el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del mencionado título para que en el plazo de 30 días desde el siguiente a la publicación los interesados pudieran comparecer en la notaría en horas de despacho para oponerse o alegar lo que estimasen oportuno en defensa de sus derechos frente al título principesco.

Y así ocurrió. El 30 de diciembre de 2016 se publicó en el suplemento de notificaciones del BOE un anuncio de notificación de fecha 28 de diciembre de 2016 mediante un procedimiento de acta de notoriedad de declaración de título de príncipe en Marbella.

La sentencia recuerda que la atribución de un título nobiliario español es competencia «exclusiva» de la monarquía -siempre lo han otorgado los Reyes a lo largo de la historia- y su acreditación solo es posible a través de la «Real carta de concesión sucesión o rehabilitación» firmada por el Rey y refrendada por el Ministro de Justicia, «documentación que en ningún caso fue aportada al expediente», apostilla el tribunal.

Pese a su condición de notario, el condenado «vulneró de manera flagrante la diligencia exigible y de forma irreflexiva e injustificada», expone la resolución judicial, ya que «ni comprobó ni acreditó la existencia de la autenticación del título del príncipe de Marbella».

El fedatario público tampoco reclamó a su cliente la carta de concesión, sino que se limitó a extender el acta de notoriedad, con su posterior publicación en el BOE, «legitimando un título inexistente que podía ser utilizado como carta de presentación y conllevar una utilización bastarda del título en el tráfico jurídico». El notario no podía afirmar la notoriedad del título, ya que éste no le había sido acreditado.

De hecho, Pleguezuelos había acudido antes a otra notaría de Marbella donde, tras estudiar el tema, se le informó de la «inviabilidad legal» de realizar el acta de notoriedad que le solicitaba, limitándose a recoger del mismo un acta de manifestaciones. Del mismo modo, cuando le pidió que publicara en el BOE el acta de manifestaciones, el otro notario se negó por entender que esa pretensión carecía de cobertura legal.

La defensa del notario alegó que el uso indebido o usurpación de título nobiliario no constituye delito con arreglo a actual Código Penal, que vino a despenalizar esta conducta, ya que antes sí se castigaba al que públicamente se atribuyera un título de nobleza que no le perteneciera.

El TSJA indica que lo que se penaliza en este caso no es que Pleguezuelos utilizara en sus relaciones sociales, de manera pública, el título de príncipe de Marbella, «sino que el notario acusado accediera a su pretensión» de declarar que el título que utilizaba era manifiestamente conforme con la Ley sobre Grandezas y Títulos Nobiliarios de 4 de junio de 1948, «algo que evidentemente no era cierto, pues el requirente no ostenta ningún título perteneciente a la aristocracia española».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julio Ruiz-Rico, advierte del riesgo que suponía dar fe pública del título: «lo que el acta recogió es que era notorio que Antonio Pleguezuelos ostentaba con carácter vitalicio el título de príncipe de Marbella, y que dicho título es una dignidad principesca del Reino de España. Es fácil imaginar la trascendencia pública, e incluso jurídica, que dicha declaración podía tener«.

Según el fallo, a través de la prueba practicada «quedó evidenciado el afán de notoriedad pública de Pleguezuelos como supuesto príncipe», llegando a utilizar en la página web de su asociación fotografías del salón de tronos del Palacio Real, riesgo que se incrementaba al hacerse constar en el acta que el supuesto título principesco era conforme con el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y los Regentes.

El abogado Pedro Yarza Mayorga, que ha representado al falso príncipe de Marbella en el proceso, se mostró muy satisfecho con la absolución de su cliente al estimar el TSJA el segundo motivo de su recurso, que argumentaba la imposibilidad de que Pleguezuelos fuese cooperador necesario en el delito de falsedad documental.

Yarza manifestó que la fe de su cliente de no conformarse con la primera sentencia les impulsó a trabajar en la apelación, y añadió: «Su ánimo únicamente fue honrar a la Corona española y representar a Marbella en el mundo. [Pleguezuelos] siempre ha sido una persona muy monárquica».

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