Cuatro años después de la muerte de Lucía Vivar, su caso sigue activo en los tribunales. Con tres años, la pequeña desapareció del restaurante en el que cenaba con su familia y apareció sin vida en las vías del tren a 4.200 metros ... de distancia. Su muerte se archivó tras la instrucción como accidental, pero la familia, ahora acompañada del letrado Marcos García Montes, sigue luchando por demostrar que fue un asesinato. Ahora, la Audiencia Nacional ha abierto un contencioso administrativo para dirimir las responsabilidades que pudo tener Adif en el fallecimiento de la niña, que fue golpeada en la cabeza por un tren, según la autopsia.
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Este martes, los padres de Lucía, Almudena Hidalgo y Antonio Vivar, han comparecido junto al letrado para analizar las conclusiones a las que han llegado después de finalizar una investigación privada.
Han solicitado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales, ya que aseguran que no pudieron solicitar diligencias durante la instrucción de la muerte. En él piden que declaren como testigos una serie de personas que disponen de información clave, según expuso el letrado, que apunta a que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil se llevó a cabo «descartando» cualquier pista que no apuntalase la tesis accidental.
La apertura del contencioso administrativo por parte de la Audiencia Nacional también se ha trasladado al Constitucional, para acreditar que un juzgado ha tenido en cuenta las reclamaciones de la familia. SUR ha tenido acceso al auto en el que el titular del juzgado admite las testificales propuestas por la familia, entre las que se encuentran las del maquinista que conducía el tren y el alcalde de la localidad, Félix Lozano. La Audiencia también citará a tres guardias civiles del Cuartel de la Guardia Civil.
Tras anunciar las novedades judiciales en relación con la muerte de Lucía, sus padres leyeron un manifiesto en recuerdo de la pequeña, en agradecimiento al apoyo del pueblo y en repulsa al archivo del caso.
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