Casi 600 menores fueron condenados en Málaga por cometer delitos en 2022

Ya lo advertía la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, hecha pública a principios de este mes de septiembre y relativa al año 2022: en Málaga cada vez hay más menores que presentan conductas delictivas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha arrojado este lunes cifras que ayudan a comprender la gravedad de esta realidad: el pasado ejercicio, 597 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años fueron condenados en la provincia por cometer infracciones penales.

De acuerdo con los datos, 14 de ellos fueron declarados culpables por delitos sexuales ese mismo año en Málaga. No obstante, según se recoge en la estadística del INE, en la provincia se registraron hasta 19 infracciones penales de carácter sexual en 2022 que fueron cometidas por menores, teniendo que adoptar los juzgados hasta 35 medidas.

Pese a que a nivel nacional se ha producido un importante aumento de sentencias condenatorias por delitos sexuales a menores, con un total de 501 adolescentes condenados (lo que supone un incremento del 14,1 por ciento respecto al año anterior), en Málaga apenas hubo diferencia, ya que en 2021 hubo 15 menores culpables por este tipo de infracciones, uno más que en 2022.

Según detalla el INE, los delitos más cometidos por los menores fueron en primer lugar aquellos contra el patrimonio (robos y hurtos), seguidos por las lesiones. En la provincia se contabilizaron hasta 1.125 conductas penales cometidas por jóvenes con una edad inferior a los 18 años.

Cabe resaltar que, en Málaga, buena parte de los adolescentes que fueron condenados en 2022 eran reincidentes, ya que el 42,71 por ciento de ellos acumularon en ese mismo ejercicio dos o más condenas por infracciones penales. De hecho, 232 contaban con dos o más medidas judiciales por su comportamiento.

Del mismo modo, el portal estadístico apunta a que el 84,76% de los menores condenados en el citado año eran de origen español (506 frente a 91 de origen extranjero). Asimismo, la gran mayoría de las sentencias de culpabilidad recayeron sobre adolescentes varones, que sumaron 496 condenas, frente a las 101 por delitos cometidos por mujeres.

En cuanto a las edades, son los jóvenes de 16 y 17 años los que más resoluciones condenatorias acumularon, con 181 en ambos casos. Les siguen los de 15 años, con 146 condenas y, por último, los de 14, con 89 condenas. Cabe recordar que los menores de 14 años son inimputables, como establece la Ley Orgánica 5/2000.

Los casos de menores que llegaron a los juzgados ya hizo que saltasen las alarmas del Ministerio Público malagueño, como trasladó a la Fiscalía General del Estado, que recogió en su última memoria algunas de las problemáticas que suscitaron más preocupación en 2022. De hecho, en el informe se alude a un incremento de jóvenes con conductas delictivas «cada vez más violentas».

En esta línea, según se expone en dicho documento, resulta significativo el repunte de grupos de adolescentes que recurren a las redes sociales con el fin de organizar «reuniones clandestinas en las que se programan peleas ilegales», siendo las mismas retransmitidas a través de Internet.

Una realidad que, para el Ministerio Fiscal, debe invitar a reflexionar sobre la «carencia de los valores mínimos éticos y de convivencia que se está implantando en ciertos sectores juveniles». Tanto es así que el Ministerio Público incidió en la necesidad de abordar de urgencia estas situaciones con medidas educativas tendentes a que estas formas de violencia dejen de ser percibidas y asumidas con normalidad entre los menores.

Del mismo modo, en la memoria también se hace referencia al aumento de las infracciones de violencia intrafamiliar, lesiones en general, conductas contra la libertad sexual y el creciente abuso de las tecnologías de la información con especial incidencia en el campo del acoso escolar.

Asimismo, la sección de Málaga también refirió a la Fiscalía General del Estado que en la provincia hay «una alta tasa de adquisición, tenencia y uso de todo tipo de sustancias psicotrópicas» entre la población joven. A su juicio, esto, en muchas ocasiones, enmascara la presencia no previamente diagnosticada de trastornos de la personalidad, así como ausencia de control y supervisión por parte del entorno familiar de los menores afectados.

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