Más de 3.000 juicios aplazados y dos millones y medio de euros retenidos en los juzgados de Málaga

Así lo han precisado las fuentes judiciales consultadas, indicando que solo en la semana pasada se tuvieron que aplazar unos 700 juicios, así como casi medio millar de actuaciones –entre las que se incluyen declaraciones, conciliaciones o comparecencias, entre otras– a causa de la huelga. Con este último balance, la cifra de procedimientos afectados ya supera los 4.500 en la provincia.

Del mismo modo, según el recuento más reciente, solo la semana pasada se dejaron de pagar algo más de 500.000 euros a ciudadanos y al Tesoro Público que se sumaron a los casi dos millones de euros retenidos en las cuentas de los tribunales malagueños, cuyos destinatarios son los propios ciudadanos y el Tesoro Público. Se trata del dinero consignado para pensiones de alimentos, indemnizaciones, costas procesales, entre otros casos.

En estos últimos días, los letrados de la Administración de Justicia de Málaga continuaron respaldando el parón más o menos en la misma proporción que en las semanas anteriores, rondando en torno al 65 por ciento de la plantilla de este Cuerpo. Si bien, la incidencia fue algo mayor el jueves, cuando se mantuvo la reunión entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia, elevando este porcentaje al 70 por ciento.

Cabe reseñar también que las principales jurisdicciones afectadas son las penales, seguidas por las civiles (aunque con una diferencia notable). Del mismo modo, hay que recordar que en ningún momento se han dejado de prestar los servicios mínimos, estuviera o no el personal secundando la huelga.

Estos incluyen aquellas causas en las que se produce el traslado de presos o en los que hay víctimas de violencia de género o menores de edad, entre otros casos, así como las autorizaciones de entradas y registros que forman parte de investigaciones policiales.

Los sindicatos convocantes de la huelga –Unión Progresista de Letrados de la Administración de la Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AINLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de la Justicia– emitieron este pasado viernes un comunicado en el que tildaron el encuentro con el Ministerio de Justicia de reunión «fallida».

Según lamentaron las entidades, a pesar de que la cita duró 16 horas, no se inició negociación alguna: «Es una absoluta irresponsabilidad por parte del equipo Ministerial no negociar». En este sentido, incidieron que «son los únicos responsables del tremendo daño que se está causando a la población española y a los operadores jurídicos; cualquier queja deberá dirigirse al Ministerio».

En consecuencia, el Comité de Huelga mantiene el parón indefinido, aunque recomienda a los LAJ que se expidan los mandamientos de pago o transferencias en relación a las pensiones de alimentos de menores, así como que se celebren bodas en los Registros Civiles (en Málaga, estos enlaces no se han visto prácticamente afectados).

Del mismo modo, también han aconsejado intentar, en la medida de lo posible y dadas las circunstancias, avisar de las previsibles suspensiones a los profesionales con el fin de evitar desplazamientos innecesarios.

Son varias las demandas que los letrados de la Administración de Justicia tienen sobre la mesa, como una adecuación salarial acorde al aumento de sus competencias.

Las asociaciones que han impulsado la huelga recuerdan que este paro, bajo el lema «por dignidad, por justicia, por igualdad», se hubiera evitado si el Ministerio de Justicia hubiera «cumplido» con los acuerdos alcanzados el pasado año.

Entre otros, estos incluyen la promulgación del decreto de sustituciones; la reforma de los decretos de retribución de los LAJ o la definición y concreción del modelo de carrera profesional.