Usarán pulseras GPS para vigilar a agresores sexuales y proxenetas

Entre ellas está la creación de centros de 24 horas en todas las provincias para informar, atender y acompañar a cualquier víctima de violencia contra la mujer -la haya sufrido en el presente o en el pasado- y también se va a extender la utilización de las pulseras de localización GPS -hasta ahora principalmente empleadas como dispositivos de control de las medidas de alejamiento de los maltratadores- a la protección y la vigilancia contra los acosadores o agresores sexuales y contra otros depredadores femeninos como los proxenetas. La ministra, Irene Montero, indicó que está en marcha una inversión para modernización y ampliación del número de dispositivos que permita ampliar pronto los colectivos protegidos telemáticamente.

Dentro del mismo ámbito, de igual manera, se aumentará la inversión en la infraestructura del teléfono 016, pues, a partir de ahora, además de dar información, atención y asesoramiento a las mujeres maltratadas o a las víctimas de violencias sexuales, matrimonios forzados o de mutilación genital, también dará asesoramiento social y laboral a las víctimas de trata, tanto a las de explotación sexual como laboral o de mendicidad.

Las víctimas de la explotación sexual y la mujeres inmersas en la prostitución también se van a poder beneficiar en breve de la puesta en marcha de un plan nacional para su inserción social, dotado con ayudas, derechos y prestaciones para la inserción laboral y sanitaria y el acogimiento. La lucha contra la trata, indicó Montero, «va a ser una prioridad del Gobierno», que ya elabora una ley específica para combatirla, tanto en su faceta sexual como laboral, y que no distinguirá en sus derechos entre españoles o inmigrantes y entre los que tengan papeles o no. La conocida ley del 'solo el sí es sí', que será remitida al Parlamento en pocas semanas, incluirá medidas para luchar contra la industria de prostitución, como volver a perseguir la tercería locativa -lo que permitirá imputar a dueños de prostíbulos y cerrarlos- y el acceso de las prostitutas, con documentos o sin ellos, al ingreso mínimo vital.

La ministra aprovechó su comparecencia pública para entonar un 'mea culpa'. «Hemos llegado tarde; hemos fallado». Con esas palabras explicó que no debería volver a repetirse más que una maltratada sea asesinada por el hombre del que se estaba divorciando después de haber denunciado, tener una orden de alejamiento y haber pedido ayuda a los servicios sociales.

Es el caso de una vecina de 60 años de Sagunto (Valencia) a la que, pese a su demanda reiterada de ayuda, el domingo fue asesinada a cuchilladas por su expareja. Montero indicó que «debemos reflexionar y asumir nuestras obligaciones» y lograr «la debida diligencia en la prevención de riesgos y en la eficacia de la ayuda». «Tenemos que llegar a tiempo», insistió, antes de anunciar que el Gobierno revisará el funcionamiento de instrumentos como el VioGén, el dispositivo policial que valora el grado de riesgo de la maltratada y recomienda las medidas para su protección, y los protocolos de los puntos de atención social para detectar con mayor acierto el grado de peligro que acecha a cada víctima.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presente en la misma comparecencia, explicó que el Ejecutivo gracias a los fondos europeos va a lanzar un plan multimillonario para la potenciación de los cuidados a niños, enfermos y mayores en sus propios domicilios, pero también va a crear un 'punto estatal de cuidadores'. Este dispositivo pretende informar sobre sus derechos y sobre todo el abanico de medios y ayudas a su disposición tanto a los que necesitan cuidados como a los cuidadores. El proyecto incluirá la puesta en marcha de una web con idéntico objetivo.

Belarra también adelantó que para final de año quiere llevar al Consejo de Ministros un anteproyecto de la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a la Familia. Será, dijo, una respuesta a los crecientes discursos de odio, ya que «todos los modelos de familia son legítimos y con la norma tendrán sus derechos asegurados». El proyecto incluirá ayudas a las familias monomarentales con hijos, que son el mayor colectivo en riesgo de pobreza, a las familias numerosas, e igualará los derechos de las familias LGTBI a los de las demás.

También pretende ser un impulso para las familias acogedoras, tanto de mayores como de niños. Se comprometió, de hecho, a tomar medidas para que la absoluta mayoría de los menores bajo protección del Estado estén con familias de acogida y no en centros. «No hay mejor modelo», resumió. En la actualidad, los menores que se crían en España en centros e instituciones son 23.000 y han aumentado un 40% desde 2015. Los niños y adolescentes tutelados por el Estado que están con familias de acogida son pocos más de 19.000 y han descendido un 5% en el último lustro.