Detectan la ablación a una niña de 5 años en Urgencias y los padres van a juicio

La pareja A. y H. tiene cuatro hijos. Dos de ellos nacieron en Senegal, de donde migraron a España. Primero el padre, H., en solitario, en 2016. «Vine en patera», resume su travesía. «Después conseguí trabajo y un piso de alquiler. Quise reagrupar a mi familia. Pero me dijeron que no podía traerlos a todos, porque mi salario no era suficiente. Así que traje a mi mujer y mis dos hijas se quedaron allá, con mi madre».

Allí, la abuela paterna les realizó la mutilación genital a ambas. «Las otras dos pasaron la mutilación antes de venir aquí», ratifica ante el juez de la Audiencia Nacional, la instancia que investiga los delitos cometidos fuera de España.

Ni él ni ella quieren responder las preguntas de la Fiscalía, que también pide 20.000 euros de indemnización para la niña, que ahora tiene siete años y llegó a España en 2021, y un año después se detectó la amputación en su zona vaginal. La ablación la sufrió cuando tenía tres años, aseguran los padres.

La defensa de A. le pregunta a la madre:

-¿Dejaron a sus hijas a cargo de la abuela?

-Sí.

-¿Consintieron que se hiciera?

-No.

-¿Cuándo descubren que se la había practicado una mutilación genital?

-Cuando mi hija vino a España, que se enfermó y la llevé al médico, y ahí me lo dijeron.

-¿Usted recriminó a su suegra?

-No.

Lo que se dirime en este juicio, que puede terminar con la ruptura de la familia, es si los padres podían haber evitado la práctica de cortar el clítoris a las niñas. La Fiscalía mantiene que «tenían la obligación de ser garantes» de la integridad de sus hijas, asegura el ministerio fiscal en la audiencia. «Tenían la patria potestad y tenían esa responsabilidad con la menor. En determinados países puede ser una práctica ritual y común, pero aquí y donde se realizó es delito de 1999, según comprobó el juzgado de instrucción».

Según el fiscal existe un «supuesto de comisión por omisión» del delito de mutilación genital femenino, estipulado en el Código Penal español. Aunque las defensas (él tiene un abogado, ella otro, ambos de oficio) insisten en que los acusados no estaban en Senegal cuando ocurrieron los hechos, y por tanto no podían evitarlos, la Fiscalía mantiene que sí se encontraban allí, según un testimonio de un «familiar» que no fue citado en esta vista. «Deben responder por este delito, que es sumamente grave».

En todo caso, para la acusación, «en esa posición de garantes, aunque los padres no estuvieran presentes cuando se produjo la ablación, hay una globalidad geográfica para estar presentes», insistió el fiscal. «Es necesario extender ese deber de custodia en casos como éste, aun cuando no estuvieran en Senegal».