Mascarilla obligatoria en exteriores y otras cuestionables medidas ante la pandemia

Si alguien esperaba medidas contundentes que transmitieran seguridad y confianza a la ciudadanía, habrá quedado decepcionado. Las medidas han sido mínimas, por decir algo.

También están decepcionados los técnicos que han estado aconsejando sobre posibles medidas. La hoja de ruta técnica está clara y se ha expresado de muy distintas formas, y por diversas sociedades científicas como la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La recuperación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores ha sido la medida «estrella», fruto del acuerdo entre las presidencias de los distintos territorios en España. Eso sí, menos mal, eximiendo de su uso durante la práctica de deporte individual o durante la realización de actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios naturales y siempre que haya distancia de seguridad con otras personas que no sean convivientes.

Es una medida que tiene poco soporte técnico. Véase, por ejemplo, la guía de uso de mascarillas de los CDC estadounidenses (actualizada a 25 de octubre de 2021). En ella se dice claramente que «en general, no es necesario llevar mascarillas en el exterior». Sólo exceptúan considerar hacerlo en las áreas con gran número de casos de covid-19, en entornos exteriores con elevado número de personas, y para actividades en contacto estrecho con otras personas no vacunadas completamente.

En España, esta medida obligatoria en exteriores estuvo en vigor casi un año. Se eliminó el 26 de junio de 2021. Mientras tanto, se mantuvo y se mantiene la más necesaria: el uso de la mascarilla en interiores. Su eficacia está clara, pero lo correcto de su uso sigue siendo poco analizado. Es frecuente observar que, al entrar en el interior de un restaurante o en un bar, inmediatamente quien lleva mascarilla se la quita, incluso a veces antes de sentarse, porque va a consumir alimentos o bebidas. En este caso el efecto ha sido comparado con el quien lleva casco cuando va andando y se lo quita al subir a la moto.

1. Incorporación de personal sanitario

También, en el mismo Real Decreto-ley, se han dictado normas para habilitar la incorporación, durante un año, de «profesionales que ejercen la medicina y la enfermería» jubilados, para llevar a cabo «tareas dirigidas a la lucha contra la covid» (así lo dice la norma: en masculino). Y también para autorizar «de forma excepcional y transitoria» la contratación de profesionales sanitarios con títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

Se reconoce, por tanto, la falta de personal sanitario (hay que resaltar que solo de medicina y enfermería, no de otras categorías profesionales) en el Sistema Nacional de Salud y se trata de hacer algo para remediarlo. Pero, al mismo tiempo, se está asistiendo a la no renovación de los contratos del personal que fue incorporado mediante «contratos covid».

2. Aceleración de la vacunación

Para ello se propone intensificar la cobertura de las terceras dosis y la fijación de plazos para cada grupo etario. Y también para el de los menores de 12 años.

Es algo que ya estaba en marcha en todas las comunidades autónomas. La medida adicional que se establece para conseguirlo es la incorporación de equipos militares de vacunación.

3. Incorporación de militares a la vigilancia en salud pública

Finalmente, también se propone la incorporación de más equipos de militares como «rastreadores» (sería preferible llamarles equipos de refuerzo de la vigilancia en salud pública, que es lo que son).

De esta manera, también se reconoce la debilidad estructural de las estructuras de salud pública en este país. Aunque la medida no deja de ser un parche. Se necesitan acciones más contundentes y más rápidas en su ejecución.

Mientras, seguimos esperando al «Centro Estatal de Salud Pública» establecido en la Ley General de Salud Pública del ya lejanísimo 2011. La consulta pública previa del anteproyecto de creación de su Ley se publicó el 24 de septiembre, sin que haya habido más noticia. A pesar de disponer de informes públicos que pueden incorporarse rápidamente a la tramitación.

Actuando en función de la situación en su propio territorio, algo que es elogiable, algunas comunidades autónomas han adoptado, inmediatamente después de la conferencia de presidentes de comunidades autónomas, medidas adicionales para tratar de controlar la transmisión, algunas más acertadas que otras.

Es verdad que la imagen puede ser de poca cohesión institucional. Pero no es necesario, ni siquiera seguramente recomendable, que las medidas sean únicas para todo el territorio del Estado.

Para estas medidas no era necesario tanto anuncio. Aunque siempre debe ser bienvenida la cooperación institucional.

Se echa en falta una mayor visión, enfoque y estrategia poblacional. Se hacen muchas apelaciones, desde los propios gobiernos, a la responsabilidad individual, dejando en mano de cada persona la actuación (hágase su propio test y, según sea el resultado, sea responsable decidiendo si va o no a una cena, etc…).

Es más necesario que nunca que el enfoque de salud pública esté presente. Y también sigue siendo necesaria la visión de un solo mundo. Recordemos, una vez más, que no estaremos a salvo hasta que todo el mundo lo esté.

Artículo publicado en 'The conversation'.