La indignación por la asignación de plazas MIR por vía telemática llega al Defensor del Pueblo

El último intento para llegar a un acuerdo se produjo este mismo lunes durante la celebración de la Comisión Interterritorial de Salud. En ella, los consejeros de distintas comunidades autónomas defendieron ante el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la posibilidad de que pudiera hacerse también presencial a través de las subdelegaciones de Gobierno. Sin embargo, «Sanidad parece cerrada en banda, ya que nos volvió a transmitir que no era recomendable la concentración de personas en plena pandemia del Covid-19 y que la vía telemática reunía todas las garantías para los aspirantes», confirman a este periódico fuentes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Desde esta organización tratan de agotar todas las vías posibles para encontrar alternativas a la resolución ministerial. El último movimiento de ficha ha sido recurrir al Defensor del Pueblo para que medie en el conflicto. En la carta se explica que el cambio de criterio del Gobierno se justifica en la declaración del estado de alarma y en la supuesta dificultad de movilidad que impediría la presencia física en el Ministerio de Sanidad pese a que se levante el excepcional estado declarado. Aseguran que esto ha generado confusión e indignación entre la mayoría de los profesionales que tienen que elegir plaza por la complejidad, la falta de confianza y pérdida de calidad en la elección solo por vía telemática y no en tiempo real. «Esta opción obliga a pedir plaza con una antelación mínima de 12 horas, por lo que necesitan hacer una relación muy amplia de opciones, tanta como el número de orden que tenga el elector. Del mismo modo, impide la posibilidad de posponer la elección a otro momento del proceso», denuncian.

Recuerdan en la misiva que la elección de plaza es el momento culminante de un proceso de un mínimo de 7 años de preparación para los médicos, por lo que necesitan contar con toda la información posible y todos los elementos de juicio necesarios, «cosa que no es posible en la elección electrónica».

La carta, firmada por presidente de CESM, Tomás Toranzo, compara la situación de los futuros residentes con la de los estudiantes que en esas fechas (se baraja el mes de julio) se van a enfrentar a la EBAU, unas pruebas que sí se realizarán presencialmente aunque con medidas específicas de seguridad dictadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que CESM considera que se podrían aplicar también a la elección médica. De ahí que tanto la Confederación como el Foro de la Profesión Médica hayan planteado opciones que posibiliten la elección presencial, aunque sea de manera descentralizada, a través de las Subdelegaciones del Gobierno y otros organismos oficiales, «que permitan una elección sin aglomeraciones y en tiempo real, con las garantías suficientes, en cuanto a la identificación de cada uno de los opositores, como a la accesibilidad, que no ponga en peligro la elección de plaza deseada. Todo ello compatible con la elección electrónica para quien lo desee o no pueda hacerlo de otra forma».

En el texto al Defensor del Pueblo se explica que habilitar dependencias oficiales es más sencillo que proporcionar a cada elector el certificado electrónico o firma criptográfica, y que con el periodo estimado hasta la incorporación (septiembre), hay tiempo suficiente para que la elección se realice sin aglomeraciones incluso en el propio Ministerio de Sanidad. «Además, el argumento de la imposibilidad de movilidad por todo el territorio se invalida tras el anuncio de que en julio España se abrirá al turismo internacional», apostillan.

También se expone el punto de vista normativo aludiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 14 establece que reglamentariamente las administraciones podrán obligar al uso de medios electrónicos bajo ciertos criterios entre los que no se encontraría el caso actual de los residentes, lo que dejaría sin soporte legal la decisión de Sanidad respecto a la Formación Sanitaria Especializada.

«Seguiremos con actuaciones ante las consejerías de las comunidades autónomas y ante el propio Ministerio de Sanidad», advirtió Toranzo a través de su cuenta de Twitter, señalando que la «vía jurídica sería la última opción» para el sindicato médico, que está valorando llevar el tema hasta el Tribunal Supremo porque, argumentan, «la elección telemática obligatoria es de muy dudosa legalidad».

«Por todo ello, los argumentos para negar la posibilidad de facilitar una elección presencial, bien sea en el Ministerio de Sanidad o en otras dependencias de la Administración en sus distintos ámbitos territoriales, son excusas y obstinación del Ministerio de Sanidad para no rectificar de sus errores y presentar sus propuestas como las únicas posibles, tal y como argumentó el Director General de Ordenación Profesional en la otra reunión del Consejo Interterritorial el pasado 22 de mayo», sentencia la carta firmada por el presidente de CESM.