Se elevan a trece las marcas de aceite ligadas al presunto fraude

Otras dos nuevas marcas se unen a las once ligadas presuntamente al fraude del aceite denunciado por la Junta de Extremadura, que considera este caso como un delito contra la salud pública y que, por ello, llevará por la via judicial.

Así, a las marcas Vareado, La Esmeralda, Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz, se unen ahora Los Milagros y Almazara Fernández.

En total, la Junta de Extremadura ha inmovilizado ya unos 20.000 litros de aceite que se comercializaba como de oliva virgen cuando, los primeros análisis realizados en una de las marcas, han rebelado que se trata en realidad de una mezcla de aceite lampante con aceites refinados. El aceite de oliva lampante es el de peor calidad. Tiene mucha acidez y un sabor y un olor muy desagradables que lo convierte en un producto «no apto para consumo humano», como señala el Gobierno extremeño. De hecho, su nombre proviene de su uso como combustible en las antiguas lámparas de aceite.

No obstante, desde el Gobierno extremeño aseguran que no se ha identificado hasta la fecha la presencia de un riesgo para la salud derivado del consumo de estos aceites objeto de la alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Señala que se trata de un presunto fraude por 2una mezcla de aceites con calidades que no se corresponden con el tipo de aceite que aparece en la etiqueta de los envases, e incluso, en el caso del aceite analizado con un aceite no apto para consumo humano».

Se recomienda a las personas que tengan en su poder aceites de las marcas antes señaladas, se abstengan de consumirlos y procedan a contactar con el lugar de compra para su devolución. En caso de consumo, deben ponerse en contacto con el centro de salud para que les informen sobre la evolución de la alerta y las actuaciones a llevar a cabo

En recientes declaraciones en el Canal Extremadura, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, manifestó que el caso del aceite inmovilizado en Extremadura, «no es una irregularidad administrativa, es una irregularidad penal», y ha confiado en que «los responsables paguen por ello».

Planas consideró que aunque se trate de un «caso puntual, no podemos dejarlo pasar», ya que el perjuicio «no es solo para los consumidores, es para la imagen de un sector que es muy honesto y que trabaja muy bien», por lo que «merece ser protegido».

Planas detalló que el Gobierno está trabajando con la Junta de Extremadura, con la Junta de Andalucía y con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), ya que «es un fraude de consumo, pero que va más allá».

Planas recordó que el Gobierno central aprobó en 2021 una norma «tremendamente estricta en materia de trazabilidad y de comercialización de aceites de oliva», un sector en el que España es el país «lider» y el mayor productor, «en cantidad, pero también en calidad».

Por eso, aseveró que en España «no nos podemos permitir ninguna falla» en esta materia. «Cuando hablamos de alimentos de España, estamos hablando de seguridad, de trazabilidad y de calidad», defendió el ministro de Agricultura.

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