La auditoría de la pandemia comenzará 16 meses después de la primera ola

En el Consejo Interterritorial del último miércoles del próximo mes, que será presencial, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, propondrá el nombre de los expertos que formarán el Comité de Evaluación de la Pandemia, nombre del órgano que juzgará la responsabilidad de las administraciones en el colapso sanitario que vivió el país durante la primavera del año pasado. Antes, desde finales de mayo, un comité consultivo trabajará para determinar los candidatos que realizarán el examen.

El perfil de los miembros del Comité de Evaluación y, principalmente, el hecho de que su elección se produzca por consenso o con polémica, pueden ser ya indicios del éxito o del fracaso de la iniciativa. Cuando en el pasado octubre el exministro Salvador Illa habló por primera vez de la auditoría, el planteamiento se centraba en que fueran las comunidades autónomas las que designaran a unos participantes que el Ministerio de Sanidad coordinaría a través de la Secretaría de Estado dirigida por Silvia Calzón. Ahora mismo, con el contador del comité a cero, las autonomías no tienen claro que la selección vaya a hacerse de esta manera y alguna como la Comunidad de Madrid, incluso, expresa en privado sus cautelas ante la posibilidad de que el Comité de Evaluación pueda exonerar al Gobierno central y ponga el foco en los ejecutivos regionales.

El Comité de Evaluación de la Pandemia, que cuenta con consignación presupuestaria en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que ha enviado al Gobierno a Bruselas, tendrá una misión «muy importante», dijo el miércoles Darias.

La necesidad de una auditoría para analizar la gestión de la pandemia era una exigencia casi unánime de los científicos españoles. En dos cartas en 'The Lancet', publicadas en agosto y en septiembre y que tuvieron un gran eco, solicitaban una «evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y nacionales», de la gestión del coronavirus. La élite de la investigación española no entendía el colapso del sistema sanitario nacional a causa de la covid en un país que ocupaba el puesto 15 de 195 en el Índice de Seguridad de Salud Global.

Entre los veinte firmantes estaban Alberto García-Basteiro, Margarita del Val, Rafael Bengoa, Juan Jesús Gestal, Daniel Prieto-Alhambra o Helena Legido-Quigley, que reclamaban que tanto el Ejecutivo central como las comunidades respondieran por la falta de preparación ante la pandemia y por la lentitud en la toma de decisiones.

A falta de que los miembros del comité determinen durante el verano los asuntos sobre los que se centrará la auditoria, parece evidente que se analizarán decisiones polémicas que, por acción o por omisión, se tomaron al inicio de la pandemia: no permitir hasta el 26 de febrero de 2020 que se hicieran pruebas PCR a los enfermos que llegaban a los hospitales con síntomas compatibles con la covid-19 salvo que cumplieran unas exigencias muy estrictas; las causas por las que España no adquirió en el extranjero los test y el material de protección para el conjunto de la población y sobre todo, para los sanitarios, que ha provocado las máximas cifras europeas de contagio entre los profesionales; el desfase entre los datos oficiales de infectados y fallecidos y los datos reales, muy superiores a los que proporciona a diario el Ministerio de Sanidad; los mensajes equívocos sobre cuál iba a ser la incidencia del virus en España o sobre el uso de la mascarilla; o, finalmente, la precipitación en las desescaladas.

A través de los tribunales, de comisiones parlamentarias o de comités independientes, como hará España, los principales países de la Unión Europea y del resto del mundo han examinado ya, o lo harán en el futuro, la gestión de la pandemia. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció una investigación independiente que comenzará... en 2022.