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Jueves, 20 de enero 2022, 16:26
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que familias puedan cogerse una baja laboral o permisos retribuidos para cuidar a sus hijos en cuarentena por Covid-19.
FSIE solicita la intervención del Defensor ante el « ... silencio e inacción del Gobierno», ya que considera que «miles de trabajadores» se están viendo perjudicados en sus derechos laborales al no tener alternativa para cuidar a sus hijos y familiares dependientes en cuarentena por Covid-19, cuando según el sindicato, esta situación tiene solución, que el Gobierno apruebe de forma urgente un real decreto.
«El propio Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una incapacidad temporal para los trabajadores en esta situación y a fecha de hoy sigue sin cumplir esa promesa», ha recalcado el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.
El sindicato expone que esta nueva 'ola', provocada por la alta transmisión de la variante Omicrón, está generando «enormes problemas» a los padres al estar afectando de forma «importante y numerosa» a los niños. FSIE señala que, a fecha de hoy, hay más de 1.290 aulas confinadas, según los datos facilitados por once comunidades autónomas, con los consiguientes problemas de conciliación laboral que esto supone para las familias y no se está implementando medida alguna.
Desde FSIE denuncian que si en algunas comunidades se está poniendo solución en el ámbito de la función pública, aplicando el art. 48 j) del Estatuto Básico de la Función Pública, debe buscarse una solución para el resto de ciudadanos que trabajan por cuenta ajena.
Precisamente, este miércoles se dio a conocer que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Logroño estableció el derecho de un funcionario interino de la Administración de Justicia de La Rioja a disfrutar de un permiso retribuido para el cuidado de un hijo menor de edad confinado por haber estado en contacto estrecho con compañeros de clase contagiados de Covid.
La sentencia, que estimaba una demanda interpuesta por CSIF, ampara el derecho de este funcionario a este permiso por «deber inexcusable de carácter personal», recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y por la obligación de velar por los hijos menores que establece el Código Civil.
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