Las obras para permitir el acceso de vecinos con discapacidad serán obligatorias

Las obras o modificaciones técnicas que permitan que los vecinos con alguna clase de discapacidad puedan transitar libremente por el edificio y entrar y salir con autonomía de sus viviendas se van a convertir en una obligación legal para las comunidades de propietarios españolas.

Es uno de los cambios más llamativos que incorpora el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que hoy aprobará el Consejo de Ministros. Un texto que aún tardará varios meses en iniciar su tramitación en el Congreso y que solo se convertirá en realidad si el Ejecutivo lograr sellar una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla, algo que cada vez le resulta más complicado.

La reforma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales tiene como grandes objetivos terminar con los recortes que el Gobierno del PP implantó entre 2012 y 2013, actualizar una ley de dependencia con 18 años, aumentar la autonomía personal y el tiempo de permanencia en su domicilio de estos ciudadanos e incorporar a la legislación la reforma constitucional que hace un año cambió el término «disminuido» por «personas con discapacidad» y reclamó que el Estado les garantice el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de españoles.

El anteproyecto de ley, además de una larga lista de novedades en el sistema de dependencia, declara el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad a todo tipo servicios o ámbitos de la vida, lo que tiene implicaciones directas tanto en la esfera pública como en la privada y lo convierte en directamente exigible ante los tribunales.

En el área privada las consecuencias más importantes son las que deben garantizar su derecho de libre acceso a una vivienda, pues implican edificios sin barreras arquitectónicas que limiten su autonomía. Es decir, precisan cambios en los inmuebles que, según los cálculos de Cermi, el principal representante de los españoles con discapacidad, tienen atrapados en sus domicilios a unos 100.000 ciudadanos, muchos de ellos ancianos, que en el mejor de los casos viven aislados y que en numerosas ocasiones se ven abocados a ingresar en una residencia sin desearlo por la falta de autonomía personal.

El anteproyecto modifica la ley de propiedad horizontal para dejar claro que las obras en los edificios para neutralizar estas barreras serán algo obligatorio para todas las comunidades de propietarios, igual de ineludibles que las que afectan a la seguridad estructural del inmueble o las derivadas de goteras, humedades o fugas. Esta reforma, entre otras opciones, habilita a los vecinos solicitantes de la obra a acudir en busca de amparo a los tribunales si se les niegan las adaptaciones comunitarias a las que tienen derecho. La modificación también compromete a las administraciones públicas, que «tienen el deber» de establecer líneas de ayudas y subvenciones públicas para permitir a los españoles con discapacidad ejercitar su derecho una vivienda accesible.

Para cumplir con la obligación de accesibilidad universal de todos los ciudadanos en todos los aspectos de la vida pública la norma pone otros deberes a las administraciones. Se creará un fondo estatal para ayudar en la instalación en inmuebles y vías públicas de rampas, ascensores y demás equipamientos de accesibilidad, como pueden ser los códigos QR con autodescripciones. También se deberá garantizar la adecuación de instalaciones, procedimientos y aparatajes para la discapacidad en el sistema público de salud y se creará un registro estatal de tarjetas de estacionamiento reservado para estos ciudadanos, con todos los datos de expedición, para evitar usos fraudulentos.

La reforma de la ley de discapacidad tiene al menos otras cinco novedades relevantes. La primera es que la exhibición pública de una persona en atención a su discapacidad en espectáculos, ferias, locales de ocio o redes sociales, como puede ser la mofa de ciudadanos con acondroplasia o enanismo en el conocido como 'bombero torero', pasa a considerarse una infracción grave, que puede ser castigada con multas de 600.000 a un millón de euros.

La norma, si llega a aprobarse, prohibirá también la discriminación, las penalizaciones o cláusulas abusivas a personas con discapacidad o dependientes en la contratación de seguros de salud o de vida; establecerá la rehabilitación como un derecho, lo que obliga a las administraciones públicas a garantizar estas terapias a quienes las precisen; y obligará a establecer sistemas de vigilancia para que la inteligencia artificial y los algoritmos de las 'app' y plataformas digitales no contengan sesgos discriminatorios hacia las personas con discapacidad.

Si estas modificaciones terminan por convertirse en una realidad, el reconocimiento oficial de la situación de dependencia implicará al tiempo el reconocimiento inmediato a esa persona de un grado de discapacidad mínimo del 33%, lo que le permitirá obtener los beneficios y ayudas correspondientes a esa situación sin tener que embarcarse en nuevas solicitudes y procedimientos burocráticos.

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