Los obispos españoles lamentan que muchas comunidades autónomas no hayan ampliado las horas de Religión

El panorama de cómo ha quedado el horario de Religión en el conjunto de las administraciones educativas es, según ha explicado la CEE, «muy diverso» y pide «una consideración específica en cada territorio». No obstante, ha valorado el reconocimiento por parte de algunas comunidades autónomas «de la necesidad de dotar a la asignatura de un horario suficiente». «Nos parece un signo de que sigue siendo posible una mejor consideración académica de la clase de Religión», ha apuntado.

Por otro lado, ha lamentado que en «muchos casos» no se haya aprovechado esta regulación para dotar a la materia «de un horario más amplio que permita contribuir con sus saberes básicos al perfil de salida, y en particular la falta de consideración de la asignatura que implica el descenso significativo de horario en algunas comunidades autónomas». «Se ha perdido, en estos casos, una oportunidad para una mejor consideración académica de la clase de Religión, un ámbito educativo imprescindible para que la educación escolar alcance sus fines propios», ha dicho la CEE.

En concreto, ha destacado que hay comunidades autónomas que han incrementado el horario mínimo establecido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así, mantienen los horarios que ya tenía la asignatura Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia. En otros casos, pese a la reducción de horario en algún curso, se ha mantenido el incremento sobre la hora semanal que ya existía en otros cursos en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Otras comunidades autónomas han mantenido el horario mínimo establecido por el Ministerio de una hora semanal. En algunos casos esto supone mantener el horario que ya existía, e incluso un incremento respecto a la anterior regulación, que ahora se completaría con algunos minutos más de clase (Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco, Valencia); en Galicia se ha reducido el horario en el único curso donde éste superaba la hora semanal. En otras, establecer el mínimo fijado por el Ministerio de una hora semanal ha supuesto un descenso significativo respecto al horario que tenía la materia (Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Navarra).

Respecto a la regulación que se ha hecho de la atención educativa que tiene que ofrecerse a los alumnos que no escogen la clase de Religión, la institución ha criticado «la desaparición de una alternativa que sostiene el principio de no discriminación e igualdad del alumnado». «Mantenemos la convicción de que es posible comprender el lugar de la enseñanza religiosa escolar en la formación integral de la persona, de modo que pueda superarse en el sistema educativo la dicotomía entre Religión y asignatura espejo», ha señalado.

A pesar de la desaparición de la alternativa en la LOMLOE, como ya ocurriera en la LOE, los decretos de enseñanzas mínimas exigen, para el alumnado que no elige Religión, una atención educativa programada por los centros como parte de su proyecto educativo.

«Algunas comunidades autónomas han regulado, con mayor o menor precisión, esta atención educativa. Otras, en cambio, no han dotado de un marco normativo para esta atención educativa que la ley pide, explícitamente, que se programe en los centros educativos», ha apuntado la CEE.

La Conferencia Episcopal ha valorado positivamente que algunas administraciones educativas «hayan establecido esta atención educativa mediante proyectos que deben formar parte de la programación general anual de los centros, con la debida información a las familias de su contenido y desarrollo» y entiende que estas medidas de atención educativa «contribuyen también al Perfil de salida del alumnado, lo que permitirá encontrar espacios de colaboración y de trabajo conjunto con Religión y con otras áreas y materias».

Por otro lado, ha mostrado su preocupación en la etapa de Bachillerato en aquellas comunidades autónomas «en las que se penaliza al alumnado que elige la materia de Religión, que ve incrementada su carga lectiva semanal y que podría encontrarse así en condiciones de discriminación». En tal caso, considera que «sería necesaria la defensa jurídica del derecho de estos alumnos