Justicia universal para el asesino de esperma

Un tribunal de París le congeló 99 millones de euros en acciones a la sede francesa de la multinacional química estadounidense Dow Chemical en espera de lo que salga del que será el mayor juicio extraterritorial contra la compañía por las lesiones que causó a sus trabajadores nicaragüenses en sus explotaciones de banana y piña. Junto a otras cuatro empresas, este gigante aplicó durante décadas a sus cultivos en 15 países el pesticida nemagon (dibromo cloro propano, DBCP, en inglés). Un agroquímico muy nocivo al entrar en contacto con la piel.

«Es un asesino de esperma». El abogado ambientalista Stuart H. Smith forma parte del equipo jurídico que representa a los afectados y ha definido con precisión de cirujano los efectos del nemagon. Representa, en unión con otros letrados franceses, a los 1.245 trabajadores y familias nicaragüenses que llevan casi dos décadas reclamando por convivir con un tóxico que dejó estériles a casi todos los varones. Otros sufrieron cáncer y otros graves padecimientos.

Son una mínima parte de las víctimas. Los cálculos más realistas aseguran que al menos 26.000 braceros nicaragüenses se vieron afectados por el contacto con el nemagon, con el que se sulfataban las plantas durante los años 70 y 80 del pasado siglo. Al menos 2.500 ya han muerto. Del resto, la mayor parte quedaron estériles.

Una cifra que aumenta significativamente si se contabiliza el resto del istmo centroamericano y otras áreas de cultivo en el Caribe, África y Asia. «Hay mucha gente que se está muriendo. Lo que queremos es que aligeren esto para que cancelen y paguen. El que murió no recibió nada y el que se está muriendo no ha logrado nada aún», denunció en el diario 'La Prensa' desde Chinandega (occidente de Nicaragua) Teodoro Jarquín, que sufre alteraciones en la cara y es portavoz de los afectados.

En Estados Unidos conocían la peligrosidad desde mediados de los años 60. Lo habían sufrido en sus propias carnes. En aquella década, directivos y trabajadores de Occidental Chemical Company, situada en Lathrop (California), no dejaban de preguntarse por qué ninguno tenía hijos. Allí se mezclaba un líquido de color ámbar (el DBCP) con otros ingredientes para producir un pesticida. Había otras 25 factorías en el país y al menos 2.000 afectados.

Las pruebas posteriores demostraron que el nemagon se absorbía por la piel y que afectaba a los tejidos, incluidas las células de esperma. Fue prohibido en el país a partir de 1975. Esto no impidió que las grandes bananeras como Standard Fruit, Del Monte o United Fruit (hoy Chiquita) siguieran fumigando en los países de producción al menos una década más.

Ante la presión de las víctimas, que han llegado a hacer multitudinarias marchas a pie por las carreteras de Nicaragua para reclamar justicia, algunas firmas acusadas lograron acuerdos extrajudiciales parciales con grupos de afectados. Dole acordó compensar en 2014 a 1.700 reclamantes. Muchos se negaron a aceptar las entonces cicateras ofertas patronales.

La Corte Suprema del país centroamericano ratificó en 2012 una condena a las firmas Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Chemical a indemnizar con 805 millones de dólares (más de 700 millones de euros) a estas familias. Las empresas nunca hicieron efectivos los pagos con el argumento de que esos jueces locales carecían de jurisdicción y les habían negado juicios justos.

Ahora, la justicia francesa ha aceptado congelar activos en el país vecino para garantizar que los acusados respondan sin volver a evadirse de la acción de los tribunales. «Vivimos en un mundo globalizado donde es fácil para las compañías multinacionales ocultar activos para no permitir que se haga justicia», explica al 'The New York Times' el letrado francés François Henri Briard tras presentar la demanda. «A la hora de aplicar el fallo, las empresas habían dejado Nicaragua. Hay que perseguirlas como si fueran delincuentes que van de país en país», completó el diagnóstico su colega Pierrer-Olivier Sur.

Francia es considerado un país de referencia mundial en la aplicación del derecho de la responsabilidad civil. Los letrados tratan de aplicar la fórmula del 'exequatur', es decir, la homologación de una sentencia en otra jurisdicción. De prosperar, los letrados podrían incluso pedir la incautación de los activos de las empresas condenadas en toda la Unión Europea.