Los jueces no apartan al maltratador de sus hijos ni en el 10% de los casos

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugan, calificó de situación «absolutamente insoportable» que 23 niños hayan sido asesinados en España en los últimos cuatro años por sus padres, con ocho muertos en los primeros once meses de 2017, que han superado con creces las cifras homicidas de años anteriores. «Un maltratador no puede ser un buen padre y hay que adoptar medidas categóricas», señaló, en una idea que repitieron varios de los ponentes.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que en 2016 los jueces no impidieron el contacto del presunto maltratador con sus hijos ni en el 10% de las investigaciones por violencia machista, pese a que la ley les autoriza a hacerlo siempre que lo vean justificado. En los procedimientos que dictaron órdenes de protección para las mujeres víctimas de las agresiones, solo acordaron como medida cautelar la suspensión de las visitas de los niños al denunciado en el 5,7% de las ocasiones, en un 8,4% retiraron provisionalmente la custodia al maltratador, y en un 0,7% de las decisiones le quitaron cautelarmente la patria potestad.

Se trata de cifras «bajísimas», criticó Itziar Gómez, profesora universitaria y letrada del Tribunal Constitucional. «Creo que los jueces tienen una responsabilidad muy fuerte y que en los casos en que haya la menor duda de que pueden existir agresiones deben retirar el contacto como medida cautelar; mejor pasarse de excesiva protección que tener que tener otro niño en la cifra de víctimas mortales», añadió.

Gómez coincidió con Inmaculada Montalbán, magistrada del tribunal superior de Andalucía y exvocal del CGPJ, en varias de las razones que creen que pueden provocar la escasez de medidas de protección judicial de los menores, entre las que están la ponderación de la presunción de inocencia, el carácter potestativo de las medidas, y que normalmente nunca se escucha al menor, que entienden que debería ser atendido siempre. Ambas, como también la psicóloga forense María del Rocío Gómez, tienen claro que lo primero que el juez debería tener en cuenta en estos casos es que, ante el conflicto de intereses entre el presunto maltratador y su hijo, siempre debe prevalecer el interés del menor. Ante la duda, protección.

Pero la clave, dijeron todos los expertos, es la necesidad de que todos los jueces cuenten con una valoración de los riesgos que corre el menor y un informe sobre su situación psico-social para tomar decisiones. Al carecer muchas veces de estos datos, no ven necesarias las medidas cautelares, más si no se las pide ni el fiscal ni la víctima. Para que los magistrados puedan contar con esta información sería necesario que Policía y Guardia Civil incluyan a los menores en las valoraciones de riesgos (que ahora solo hacen a la madre) y que haya equipos de valoración forense en todos los juzgados, dos de las medidas acordadas en el pacto de Estado y que no se pondrán en marcha hasta que el Gobierno ponga sobre la mesa el aumento de inversiones comprometido.

De hecho, todos los ponentes urgieron a ejecutar las más de 200 medidas de este pacto, que además de la valoraciones de riesgos de los menores y la formación de todos los profesionales implicados, prevén una reforma legal que facilitará mucho a los jueces la protección de los menores. Entre otras, ordenará retirar la custodia en los procedimientos por violencia de género que haya orden de protección para la víctima e impondrá la suspensión del régimen de visitas si el menor convive con una situación de violencia machista.