Juana Rivas denuncia por «maltrato institucional» al juez que la condenó

Además del posible atentado contra la intimidad moral, la querella, que ha sido puesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la condición de aforado del juez, le atribuye también un supuesto delito continuado de prevaricación judicial por «sus ilegales decisiones durante la tramitación de la Ejecutoria en el Caso Juana Rivas», ha informado el despacho de la defensa de la granadina en un comunicado de prensa.

La querella se fundamenta en que el juez Piñar, presuntamente, «careciendo absolutamente de competencia para ello, ha tramitado un expediente de indulto con la única intención de informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad (alterando intencionadamente la realidad) y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa».

En este punto, la defensa de Juana sostiene que el magistrado, «sabiendo perfectamente que la sentencia condenatoria firme que se despachaba en la ejecutoria de doña Juana Rivas fue dictada por el Tribunal Supremo, ha usurpado las atribuciones de nuestro más alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos». Uno de ellos, debidamente informado por el Tribunal Supremo, y otro «al que jamás debió darse curso, y que fue informado con manifiesta parcialidad por el querellado».

Junto a ello, la defensa de Juana mantiene que, en el procedimiento penal, en la ejecutoria, Piñar «dictó varias resoluciones a sabiendas de su injusticia, con clara falta de imparcialidad y objetividad».

Sobre este punto detalla que mediante auto de fecha 27 de mayo de 2021 se abre la ejecutoria «y sin trámite alguno» se acuerda la busca, captura e ingreso en prisión de la querellante. A su vez, mediante Auto de fecha 9 de mayo de 2021 se acuerda no haber lugar a la suspensión de pena.

«Estas decisiones se amparan en tres absolutas falsedades: que la querellante no se había arrepentido de su conducta (cuando consta lo contrario en los informes penitenciarios e incluso reconoció su error en medios de comunicación), que había reiterado la conducta de sustración de menores en el extranjero (cuando la realidad es que no tiene ningún otro procedimiento en ningún país del mundo), y lo más grave, que habría permitido el abuso sexual de uno de sus hijos (una acusación tan infundada y cruel que constituye un atentado contra la integridad moral de mi patrocinada)», indica el comunicado.

Pero hay más. El abogado de Juana resalta que para comprender la supuesta ausencia de imparcialidad del magistrado «debe tenerse en cuenta que Juana Rivas le conocía desde hace años, dado que era amiga de las hermanas del querellado». En este punto, afirma que «una de ellas llegó incluso a asesorar jurídicamente» a la expareja de la granadina, el italiano Francesco Arcuri, con quien viven los niños ahora en Carloforte, Cerdeña.

Aránguez apunta a una «falta de sintonía ideológica» y remite al perfil de Facebook del juez para comprobarel sentido de sus publicaciones en abierto «y advertir su marcada antipatía hacia las políticas de igualdad y contrarias a la violencia de género».

Juana Rivas fue condenada por Piñar a cinco años de prisión, aunque el Tribunal Supremo le dejó la pena en la mitad por entender que sólo cometió un delito de sustracción de menores y no dos. Finalmente, la granadina obtuvo el indulto parcial del gobierno de Pedro Sánchez y se libró del castigo a estar privada de libertad. Ahora lucha en Italia por recuperar la custodia de sus dos hijos.