El Gobierno prepara un plan de choque contra los asesinatos de género

El jueves por la tarde, solo unos minutos después de que la Guardia Civil confirmase de manera oficial que la última asesinada, una vecina de Pola de Laviano (Asturias) de 48 años, a la que su marido le descerrajó de madrugada un tiro con una escopeta de caza, era la quinta víctima de la violencia de género, Montero convocó con urgencia, para la mañana siguiente, a todos los firmantes del pacto de Estado contra esta lacra.

El orden del día que los responsables ministeriales de Igualdad, Justicia e Interior, senadores, diputados y representantes de las autonomías, los ayuntamientos y las organizaciones que trabajan con las mujeres víctimas de la violencia machista tenían sobre la mesa constaba de un solo punto. La reunión telemática tenía que servir para saber qué está fallando en la estrategia y dónde –para que resulte evidente que «en muchos casos no estamos llegando a tiempo», según admitió por tercera vez en una semana Montero–, y para determinar las medidas a acordar «con la máxima urgencia» para reparar «los puntos débiles y las zonas de sombra» de un modelo de ayuda y protección a las víctimas que, eso sí, todos los poderes públicos implicados en la lucha califican como «bueno».

El acuerdo fue la puesta en marcha, «lo antes posible», de un plan de choque para cortar la ola de asesinatos machistas que «mejore», «modernice» y si hace falta «sustituya» las herramientas para combatir a los maltratadores.

El objetivo pactado se completará en tres fases. En el plazo máximo de una semana, todas las instituciones y organizaciones implicadas –del ámbito estatal al local– tienen que chequear su trabajo y averiguar dónde hacen aguas los protocolos o los instrumentos en manos de policías, jueces, sanitarios o servicios sociales y plasmarlo en un informe «detallado, riguroso y exhaustivo». En segundo lugar, los expertos evaluarán la información y propondrán soluciones a los miembros del pacto «en el menor tiempo posible». Y, como remate, se tomarán las medidas para ejecutar y financiar estas reformas.

Montero no quiso avanzar ni conclusiones ni actuaciones posibles, porque considera que son todos los miembros del pacto quienes deben debatirlas y acordarlas, pero sus análisis apuntaban principalmente hacia dos tipos de mejoras. Las primeras medidas perseguirían reducir los tiempos de respuesta entre que una mujer maltratada da el paso de pedir ayuda a la policía o los servicios sociales y la recibe. Las segundas, buscarían aumentar la eficacia de las acciones de prevención, acompañamiento y reintegración social, pero sobre todo de las de protección contra el agresor.

En la reacción de emergencia ha pesado el horror de presenciar semejante ola de violencia machista, pero lo que de verdad activó las alarmas fue el caso de la mujer de 60 años asesinada hace 12 días en su casa de Sagunto (Valencia) por el hombre del que se había separado. El fallo del sistema fue entonces clamoroso. La acuchilló pese a que tenía una orden de alejamiento y a que solo dos días antes la mujer fue a pedir ayuda a la oficina municipal contra la violencia de género.

Montero dijo que, al tiempo que admitían errores, los miembros del pacto de Estado mostraron «su máximo compromiso para trabajar al más alto nivel para proteger a las mujeres de sus maltratadores». «Mujeres, no estáis solas, es el mensaje que queremos mandar a todas las españolas».