La Fiscalía no se opondrá al indulto del hombre que ayudó a morir a su esposa

Considera el fiscal que en el caso, cuya celebración de vista oral no tiene aún fecha, concurren las atenuantes de confesión y parentesco.

María José Carrasco murió el 3 de abril de 2019 en su domicilio cuando, estando solos el matrimonio en la vivienda, y tras el deseo «constante» de la enferma de acabar con su vida, su marido vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció.

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata la historia clínica de la fallecida desde que en 1989 fue diagnosticada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), «una enfermedad crónica degenerativa e incurable».

Cinco años más tarde le fue reconocida un grado de discapacidad del 82 por ciento y que en 1996 le concedieron la Gran Invalidez. «A partir de ese momento, Carrasco necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria. Por ese motivo su marido Hernández solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla», indica la Fiscalía.

A partir de 1999, el acusado «se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer» y realizó una «fuerte» inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas e, incluso, instaló un equipo medicinal en el domicilio.

La Fiscalía destaca que a partir de 2007 Ángel Hernández solicitó «reiteradamente» a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer como una plaza en una residencia para enfermos de ELA que le fue denegada.

Tampoco nunca se le llegó a prestar el servicio de atención residencial, a pesar de que en 2009 el tribunal médico de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia le reconoció este derecho, por lo que el acusado, indica el escrito de acusación , «asumió solo todas las responsabilidades del cuidado».

Hace seis años «en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello», la mujer exteriorizó a su marido y a otras personas su deseo de acabar con su vida.

De esta forma, contactaron con la asociación «Derecho a Morir Dignamente» donde recibieron asesoramiento.

«A pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento», añade la fiscalía.

Sin tener constancia de la fecha determinada, pero antes de 2018, la fallecida, «que aun podía usar sus manos», compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, «lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo».

En agosto de ese año la mujer entró en cuidados paliativos y desde ese momento sufrió múltiples ingresos hospitalarios. También desde 200, las peticiones de María José de morir dignamente fueron constantes.

La Fiscalía destaca que Carrasco hizo un testamento de últimas voluntades, en el que manifestaba de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea).

La última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019. «Solo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas».

En vista de la situación, Ángel Hernández decidió finalmente ayudar a su esposa a morir. Así que, «consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola», consensuó con aquella la forma en que la ayudaría.

Tal y como había acordado la pareja, sobre las 10:00 horas del día 3 de abril del 2019, María José Carrasco ingirió con una pajita el contenido del vaso con el medicamento, que le provocó a los diez minutos su muerte por una intoxicación aguda con depresión respiratoria y neurológica en ella.

Acto seguido, el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido. Y esperó en el domicilio a la llegada de la Policía nacional a quienes contó lo que había hecho.

Tras su puesta a disposición judicial, Hernández, enfatiza la Fiscalía, «no solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y videos sobre los hechos que tenía en su poder y que redujeron muy notablemente las gestiones para el esclarecimiento de los hechos».