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Cristian Reino
Barcelona
Miércoles, 30 de marzo 2022, 12:52
El Govern catalán ha ganado tiempo, pero el proceso judicial para el cumplimiento de la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano sigue su curso, a la espera de próximas decisiones judiciales. La consejera de Justicia de la Generalitat, ... Lourdes Ciuró, ha asegurado este miércoles que la administración catalana de momento ha conseguido «parar el golpe», pues estaba con el agua al cuello, al expirar los plazos otorgados por la justicia. Uno de los cuatro partidos que han impulsado la reforma de la ley de política lingüística de 1998, como es el caso del PSC, afirma que con este cambio legal, el Govern ya cumple el fallo del TSJC. Ciuró no ha ido tan lejos. «Teníamos una espada de Damocles y hemos parado el golpe», ha señalado esta mañana en una conferencia del foro Europa Tribuna Catalunya. La Generalitat aprobó la semana pasada un decreto e impulsó con el acuerdo de PSC, ERC, Junts y los comunes una reforma de la ley de política lingüística para flexibilizar el modelo de inmersión y reconocer por primera al castellano como lengua vehicular.
En su respuesta al TSJC sobre cómo contemplaba aplicar la sentencia y en el último día del plazo dado por la justicia, la Consejería de Educación trasladó a los jueces estas dos iniciativas legales. El Govern ha superado el escollo de los dos meses que le dio el TSJC para cumplir la sentencia. Ahora, los jueces tienen que determinar si con la propuesta que le trasladó la Consejería de Educación de modificar la normativa, pero sin incluir ningún porcentaje en las clases, está ejecutando la sentencia.
En paralelo, el TSJC tiene que estudiar las peticiones de ejecución forzosa de sentencia que le han presentado algunas entidades, como es el caso de Hablamos Español y Convivencia Cívica. Hoy lo hará la plataforma Escuela de Todos. El Tribunal Superior tendrá que analizar estas peticiones y valorar si quienes lo hacen están legitimados para ello. Quien sí lo estaría sería el Gobierno central, que es parte afectada pues fue quien hizo el recurso inicial, en 2015, que derivó en la sentencia del TSJC, ratificada por el Supremo. Pero de entrada, el Gobierno está evitando el choque con el Govern.
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