Una denuncia de agresión sexual que sacudió España

Pasa el tiempo, se filtran pasajes de la investigación. Expresiones del chat de La Manada: «follándonos a una entre cinco», y descripciones de los vídeos. Pasado el verano, los acusados, entre los que lo que se cuentan dos agentes de la ley -un guardia civil y un soldado-, permanecen en prisión y se conoce que a cuatro de ellos se les investiga por abusos a otra joven en Pozoblanco, a la que también grabaron con el móvil. Desde entonces, cada novedad en el juicio, que se fija para noviembre de 2017, se hace noticia. Aunque los policías otorgan credibilidad a la víctima, ellos se declaran inocentes. Se defienden: hubo consentimiento, no de palabra pero sí de «actitud». Las declaraciones de uno de sus abogados, asiduo a la televisión matutina, enciende una respuesta por parte de movimientos feministas, que le acusan de culpabilizar a la víctima. También se debate en el Congreso. Mientras tanto, silencio en el juzgado.

La decisión del tribunal sucede el 20 de mayo: sin unanimidad declaran culpables de abuso sexual a los cinco acusados, con penas de cárcel de más de nueve años. Uno de los jueces, no obstante, discrepa y considera que lo correcto sería la absolución para La Manada. La indignación acumulada desde hacía dos años estalla por partida doble: contra el magistrado que no ve delito y contra los otros dos que no lo consideran violación. En todas la ciudades españolas se concentran mujeres y hombres, con distintos lemas y señalamientos: «no es abuso, es violación» y «yo sí te creo». Luego, seguramente al considerar que la decisión mayoritaria se ajusta a la ley actual (no hay agresión porque la víctima no se niega explícitamente ni intenta escapar), cambian el grito: «si no digo 'sí', es 'no'», que resume el clamor popular de mayor protección a la mujer. Incluso se pronuncia el movimiento #MeToo, a favor de la víctima, que permanece en el anonimato.

El gobierno cede y convoca a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación que revise los delitos sexuales del código penal. Ninguna sorpresa: todos sus miembros, catedráticos de derecho penal, son hombres. Con cargos vitalicios, «invitan» a algunas mujeres al debate. Ellas rechazan la propuesta. Deben ser miembros con el mismo rango que los demás. Es el momento de que la indignación y la protesta callejera se cuele en las instituciones. Sucede y se compone una comisión con más mujeres que hombres, aunque tres de ellas no son miembros permanentes.

Los agresores acuden a segunda instancia y reclaman, como el primer día, inocencia; la víctima también quiere proseguir el juicio, para que se reconozca la agresión sexual. En esos días, se filtra su identidad en redes sociales. Como represalia, como advertencia, quizás. Mientras transcurre el proceso judicial, la comisión judicial ha iniciado la discusión de las leyes y repartido tareas. Pero no se esperan avances significativos hasta septiembre. Singular por el tratamiento que la sociedad hace de él y la intensidad del debate que ha abierto, este caso parece que, con el tiempo, permeará al resto de delitos sexuales. Pero ayer la sensibilidad no fue suficiente para evitar que La Manada saliera de la cárcel. La ley es la ley, y está en manos de las catedráticas de la comisión de Codificación cambiarla.