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El pacto para fijar el precio de los libros de textos, por el que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó a unas 30 editoriales españolas, será denunciado en tribunales por una asociación de padres de colegios de Madrid, por «alterar el ... mercado de libre competencia» y hacer que las familias paguen un «sobrecoste». El primer paso de la demanda colectiva anunciada ha sido convocar a los padres y madres que se sientan afectados por unos precios que son «un 47% superior al de resto de títulos publicados por las editoriales en libro físico y hasta un 80% en libro digital», según la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. «Los estudios comparativos con las restantes categorías de libros y el examen de los costes de edición y de comercialización conducen a concluir que el sobreprecio abonado por los padres y madres españolas no es inferior al 32%».
La federación Giner de los Ríos saca cuentas: si una familia con dos hijos que durante seis años ha comprado libros escolares podría recuperar 839 euros más intereses. Unos 420 euros por niño, a razón de 70 por año. Pueden reclamar tanto si se ha estudiado en centros públicos como privados o concertados.
Los libros deben haber sido editados por las empresas sancionadas por la CNMV. Se pueden adherir los representantes de alumnos de todo el territorio nacional. La federación demandante ha habilitado un canal digital para facilitar el procedimiento. En el proceso judicial convocado entrarían cuantos representantes de alumnos hayan comprado libros de texto entre 2012 y 2018, que pueden adherirse a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de cada centro educativo, hasta el 25 de enero de 2020.
«Ya hemos denunciado en numerosas ocasiones el proceso tan oneroso y los beneficios empresariales de las editoriales al estar cambiando continuamente el ISBN de los libros con modificaciones innecesarias de textos o simplemente cambiando los mismos de una página a otra», denuncia la asociación. «Muchas son las familias a las que los gastos les supone actualmente un gran esfuerzo económico que tienen que soportar durante el comienzo de curso escolar».
La respuesta llegó horas después por parte de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que desmiente haber cometido ninguna infracción «de la normativa de competencia» y refuta que la resolución de la CNMC, de más de 33 millones de euros de multa, no es «firme ni está debidamente fundada, e incurre en deducciones erróneas, arbitrarias, irracionales y absurdas». Los editores recurrirán dicha sanción y esperan que los tribunales la anulen. «El precio medio de los contenidos educativos se redujo de forma más que sustancial» a partir de la implementación de un código ético, dicen. Entre 2006 y 2012 aumentaron 15%, según datos de la propia ANELE, mientras que entre 2012 y 2018 fue del 1%. Sin embargo, «el precio lo marca el detallista» y «se sanciona al sector por evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza», sostienen los editores.
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