El Defensor del Pueblo pide a las comunidades que refuercen la prevención de incendios

Así lo ha pedido el Defensor a todas las administraciones públicas después de que el año pasado pidiera a todas las comunidades autónomas información sobre el grado de cumplimiento de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno en el mes de agosto tras los graves incendios del verano pasado que motivaron el inicio de 20 actuaciones de oficio del Defensor.

Además, recuerda los «deberes legales» que inciden en la prioridad de una gestión forestal sostenible, en una adecuada planificación territorial y en la necesaria coordinación entre administraciones.

En ese sentido, insiste en que la implantación de las medidas propuestas requiere de un impulso, a tenor de las respuestas recibidas por las comunidades autónomas, y a que «solo así se podrá hacer frente a uno de los principales problemas medioambientales» de España.

La institución considera los incendios forestales como «factor de degradación de los ecosistemas naturales» y por ello, el Defensor insiste a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a las comunidades autónomas y a las diputaciones forales que el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un «escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios».

Bajo su criterio, esto obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible. «Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención», reclama el Defensor que recuerda la necesidad de avanzar en la implantación de una gestión forestal sostenible.

Asimismo, aconseja incrementar la superficie forestal de calidad, con una mezcla de especies autóctonas que aumente la biodiversidad y que genere masas forestales con mayor capacidad de recuperarse tras un incendio, e incide en que se ha de priorizar un «uso racional del recurso que tenga en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales».

Por ello, subraya que la planificación territorial y urbanística ha de preservar el uso del suelo forestal de la urbanización, y que las administraciones públicas tienen la «obligación de ejercer rigurosamente» la potestad de restablecer la legalidad urbanística para evitar que se consoliden urbanizaciones ilegales en los montes. «Es crucial asegurar la coherencia entre política forestal y urbanística», considera.

En su recordatorio de los deberes legales remitidos a las administraciones públicas insiste en que estas han de «asumir y enfrentar» un incremento de los recursos públicos necesarios para atender las labores de extinción, la indemnización de los daños y la restauración de los montes.

Igualmente, reitera que es preciso disponer de un marco de actuación e intervención común y consensuado que garantice la coordinación de distintas administraciones y organismos públicos, así como el empleo eficiente de los recursos disponibles.

En definitiva, para el Defensor el fuego «no entiende de fronteras ni de competencias» por lo que ve necesario disponer de un marco común que garantice una coordinación eficiente de las unidades de extinción. Para ello, reitera que las administraciones deben dotarse de «equipos multidisciplinares convenientemente formados y capaces de intervenir», no solo en las acciones de extinción sino en la evaluación de las medidas de gestión que haya que aplicar en cada lugar.

El Defensor inició una actuación en otoño de 2022 y el ejercicio concluyó con un total de 267.946,89 hectáreas arrasadas y con 57 grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas). De estos sólo 2 ocurrieron fuera de la campaña de máximo riesgo y el resto entre el 1 de junio y el 15 de octubre.

Precisamente, todos estos GIF quemaron el 80,78 por ciento de la superficie total afectada a pesar de que sólo fueron el 0,54 por ciento del total de siniestros acaecidos durante todo el año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Este porcentaje de superficie afectada en un gran incendios es el más alto de los últimos diez años, ya que ninguno había superado hasta ahora el 50 por ciento, excepto 2012, cuando se alcanzó una tasa del 63,09 por ciento. Para el Ministerio esto pone de manifiesto «la giran importancia» que han tenido en superficie los grandes incendios en 2022.

De todos ellos, el primer gran incendio registrado de 2022 se declaró en Pujerra (Málaga) el 8 de junio. Se estima que el fuego quemó en torno a 4.800 hectáreas y cerca de 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas.

Sin embargo, el incendio más grave de 2022 fue el de la Sierra de la Culebra (Zamora), una reserva de la biosfera en la que ardieron casi 30.000 hectáreas en junio y una superficie similar en julio.