El Defensor ha escuchado a 201 víctimas de abusos en la Iglesia

El titular de la institución, Ángel Gabilondo, se declaró satisfecho «con el ritmo de llegada de los testimonios y la cantidad de víctimas que se han dirigido» al organismo en los dos meses que llevan trabajando los investigadores. «Lo que de verdad nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad», dijo Gabilondo. La misión de esta comisión asesora, integrada por 17 expertos, es esclarecer los hechos y apuntar responsabilidades, así como proponer procedimientos de reparación a las víctimas.

El 83% de las personas que denunciaron casos de abusos eran hombres (167), y el resto (34), mujeres. «Las víctimas que decidan contactar con nosotros pueden contar con la garantía de confidencialidad», remachó el Defensor. Los 201 testimonios han sido recogidos por teléfono, correo electrónico, correo postal o a través de la página web del organismo. De todas las víctimas, 67 han sido entrevistadas por técnicos especializados. Todos estos datos han sido trasladados a la Comisión Asesora creada por el Defensor para elaborar un informe que elevará al Congreso de los Diputados, en virtud del mandato aprobado por la Cámara baja.

La Iglesia católica no está representada institucionalmente en la comisión, si bien hay personas vinculadas a ella dentro de la Comisión. Es el caso de Letizia de la Hoz, abogada de la Nunciatura Apostólica; Miguel García-Baró López, catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, o Ana Laura Zugaza Aizpuru, teóloga y exmiembro del consejo diocesano de Bilbao.

El Defensor ha habilitado diferentes canales para que las víctimas de abusos sexuales puedan ser escuchadas. Pueden contactar a través del teléfono gratuito 900 111 025, el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es y el correo postal, además de que pueden acudir personalmente a las dependencias de la entidad.

A la luz de las investigaciones llevadas a cabo en otros países, la proporción de clérigos implicados en abusos oscila entre un 3% y un 4%. Así lo pone de manifiesto un estudio de Gemma Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV) y que ha indagado en el asunto en colaboración con la Universidad de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aunque rechazan participar en la comisión del Defensor del Pueblo, los obispos han encargado al despacho de abogados Calvo Sotelo & Cremades que investigue la pederastia clerical. La Iglesia está dispuesta a abrir sus archivos para averiguar la verdad siempre que se respeten las legislaciones civil y canónica y se ampare la protección de datos, aunque cree exagerada la importancia que está dando al asunto.

El acceso a documentos internos de la Iglesia es una sentida reivindicación de las asociaciones de víctimas, que están divididas sobre la utilidad de la encomienda hecha por el Parlamento al Congreso, pues entienden que el Defensor del Pueblo carece de las competencias necesarias para llegar hasta el fondo del asunto. La institución sí que emitirá recomendaciones para evitar que se repita semejante vulneración de derechos.