El Congreso reclama que ni confesar ni indemnizar rebaje la condena a los agresores machistas

No más sentencias de asesinos de género en las que el agresor ve rebajada su condena solo por confesar un crimen cuya autoría resultaba evidente para los investigadores, ni más fallos con asaltantes sexuales que se libran de años de cárcel solo porque tienen dinero para anticipar la indemnización a su víctima, como ocurrió con Dani Alves. Son dos de las reformas del Código Penal que el Congreso demanda a las autoridades entre las 462 medidas del pacto de Estado contra la violencia de género que el pleno ratificará en breve con el voto de todos los grupos salvo Vox. Las siguientes son alguna de las principales actuaciones reclamadas en el informe de la subcomisión parlamentaria para combatir esta lacra respaldado por el 90% de los diputados españoles.

Los maltratadores de género no podrán acogerse a ese beneficio cuando los hechos o la investigación permitan atribuir su autoría fehacientemente. Muchos criminales logran reducir la pena alegando su confesión aunque sea innecesaria.

Piden que se suprima que la obligación del procesado de reparar el daño a la víctima en los casos de violencia machista permita reducir la pena, como ocurrió por ejemplo con Dani Alves.

Ampliar las situaciones de riesgo por las que el juez puede dictar órdenes de protección para dar seguridad a las víctimas.

Obligación de ejecutar de inmediato las penas de alejamiento cuando haya sentencia firme, apercibiendo de ello al instante al condenado, para evitar períodos de desprotección por el decaimiento de las medidas cautelares. Entre la sentencia de instancia y la sentencia firme deberá existir como medida cautelar.

Se debe ordenar que el condenado por violencia machista (incluida la sexual) que aspire a que el juez sustituya la pena de prisión por trabajos en favor de la comunidad esté obligado a realizar y superar una curso homologado de reeducación de agresores.

Introducir la convivencia como una agravante de la violencia machista por considerar que genera alevosía, pues facilita el ataque al agresor y disminuye la capacidad de defensa de la víctima.

Formar a los operadores jurídicos y a los equipos psicosociales sobre la imposibilidad de alegar síndrome de alienación parental (SAP) de los menores para casos judiciales de custodia, visitas y violencia de género, por carecer de base científica.

Piden medidas para evitar descoordinación judicial. Todos los procesos por violencia de género de una víctima los verá un mismo juzgado y habrá protocolos de coordinación entre juzgados de violencia contra la mujer y de familia e infancia. Por ejemplo, conectar los segundos al VioGén o la obligación de comprobar en todos los casos de menores o en que haya indicios de violencia contra la mujer si hay denuncia o antecedentes de violencia machista de su padre o pareja.

Ante un caso de violencia contra las mujeres, practicar todas las diligencias de investigación y de prueba necesarias para comprobar la veracidad de los hechos antes de cerrar la instrucción a fin de excluir que la mujer lo niegue o retire la denuncia por actuar bajo amenazas, por miedo al agresor o a su entorno, por dependencia afectiva o económica, o por temor a represalias.

Piden a los fiscales que soliciten que todos las víctimas para las que se pide orden de alejamiento y tienen al menos una valoración de riesgo medio tengan pulsera de control GPS y se agilice su instalación tras la orden judicial.

La protección de la víctima se debe redoblar en momentos comprobados de alto riesgo como ruptura de la relación, divorcios y procesos por la custodia o períodos vacacionales.

Aparcamientos, callejones o pasadizos proclives a los ataques machistas deben ser reformados o al menos dotados de sistemas de vigilancia y de otras medidas de seguridad adicionales.

Tipificar como delito los supuestos de violencia digital o ciberdelincuencia de género, incluyendo la suplantación de identidad.

Que se sancione a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan su imagen corporal o un audio de voz generados o modificados mediante sistemas automatizados, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias. Deben castigar, piden, con entre tres meses y un año de cárcel los 'deep fake' que se usen para acosar a la víctima.

Proponen la reforma del Código Penal para que el juez pueda imponer al agresor la prohibición de acceso o comunicación con la víctima por medios digitales (alejamiento digital), tanto como medida cautelar, de seguridad o como condición dentro de una pena de libertad vigilada.

Establecer la obligación de los jueces de pedir una evaluación profesional del riesgo de que un padre denunciado por violencia de género pueda agredir a sus hijos como medio para dañar a su madre antes de resolver sobre la concesión del régimen de visitas. Y que se cumpla a rajatabla considerar a los hijos de las maltratadas como víctimas, para que, al tener este estatus, no se permita la convivencia de los menores con el maltratador y se le niegue o revoque, según el caso, el régimen de visitas.

Perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo con la incorporación de nuevos indicios, para que sean capaces de detectar con más precisión el peligro que corren los hijos; amoldar las instalaciones de las comisarías y asesorar a los policías especializados para facilitar las denuncias de los menores y formar a profesores, sanitarios y monitores para que constituyan en un auténtico y ágil sistema de detección de riesgos de violencia vicaria.

Crear un nuevo delito que persiga todas las conductas que tengan por finalidad limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres en la pareja como forma de dominación y de violencia de género.

Deben crearse dos subtipos agravados del delito para dictar penas más duras a quienes con el impago persigan dejar a la maltratada y a su familia sin la vivienda en la que residen o en tan mala situación que limite o impida «su acceso a recursos básicos para la vida» y para cuando el impago a la expareja dañe la vida de menores u otros convivientes necesitados de especial protección, como quienes sufren alguna discapacidad.

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