Ángel Gabilondo pide ser convocado en el Parlamento para explicar los abusos sexuales en la Iglesia

A la sede de la entidad siguen llegando peticiones de los ciudadanos para ser escuchados. Gabilondo dijo que la entidad ha registrado 180 nuevas solicitudes, de los que se han aceptado como válidos 95 testimonios. Si bien el objeto de la comparecencia no era discutir sobre la pederastia clerical, sino de los informes de los años 2022 y 2023, Gabilondo desgranó algunas reflexiones sobre el asunto, toda vez que así fue requerido por los representantes de los grupos parlamentarios. Aseguró que la colaboración de la Iglesia con el Defensor del Pueblo ha sido «desigual», «en algunos casos extraordinaria y en otros menos contundente». «La Confederación Española de Religiosos de la Enseñanza ha hecho un esfuerzo muy grande», aseveró Gabilondo, quien subrayó que a pesar de la críticas recibidas, el informe de la entidad sigue siendo la referencia más utilizada para estudiar la cuestión.

Para Gabilondo, es urgente dar a los perjudicados el «estatuto de victima». una labor que no le compete a él, sino a los legisladores. Algo irritado por el cariz que iba tomando la intervención de algunos representantes de los grupos parlamentarios, que se enzarzaron en ataques y loas, invectivas y reivindicaciones de Pedro Sánchez, Gabilondo argumentó que el estudio «defraudará a los más extremistas en su forma de concebir las cosas». Adujo además que el abordaje de la pederastia clerical «no es un combate entre creyentes y no creyentes». «Ustedes también tienen algo que decir. Las 24 recomendaciones que hacemos están alejadas de toda dogmática persecutoria», sentenció el defensor.

La unidad de atención a las víctimas, creada para abordar los trabajos de la investigación, ha recabado información relevante sobre 487 víctimas. Según el informe, un 0,6% de la población interrogado fue agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, proporción que sube a un 1,13% si los abusos se miden dentro del «ámbito religioso», lo que incluye por ejemplo a catequistas, monitores y profesores que trabajan en entidades dependientes del clero.

«Ustedes también tienen algo que decir. Las 24 recomendaciones que hacemos están alejadas de toda dogmática persecutoria», sentenció el defensor, quien aportó un punto de ironía en su respuesta: «Nosotros no podemos convocarnos a nosotros mismos».

Gabilondo resaltó ante los diputados y senadores que «la pobreza es la gran exclusión y la reducción de la desigualdad ha de ser un objetivo prioritario del conjunto de los poderes públicos, y debe ser prioritario para las administraciones atender a aquellos ciudadanos más vulnerables».

En los ejercicios 2023 y 2022, la institución Defensor del Pueblo tramitó un total de 67.055 expedientes (35.603 correspondientes al año 2023 y 31.452 al año 2022). Las quejas recibidas en dicho periodo ascendieron a 66.003, las actuaciones de oficio fueron 538 y las peticiones de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, 514.

Entre los principales problemas, destacan los relativos a la sanidad, como la saturación en la atención Primaria, el incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada. También se denuncian la insuficiencia de recursos específicos para una atención a la salud mental y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación. En los periodos referidos, se abrió una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas, sobre al cribado del cáncer de mama, el más frecuente en las mujeres en España.

En materia de educación, Ángel Gabilondo señaló que el año pasado la institución prestó especial atención a la prevención del acoso escolar y a la primera etapa de educación infantil. Se iniciaron también actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros docentes a las temperaturas extremas. En 2022, gran parte de las actuaciones realizadas en esta materia se centraron en los servicios educativos complementarios, como el de comedor escolar. A este respecto, comentó que aunque han aumentado las partidas presupuestarias, en ocasiones los umbrales de renta definidos para acceder servicios no contribuyen a compensar las desigualdades de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables.