El ‘boom’ del piso oficial

En casi todos los edificios que albergan organismos públicos repartidos por las capitales españolas suele haber algo más que oficinas, despachos o salones para reuniones. Las sedes del Banco de España, de la Seguridad Social, subdelegaciones del Gobierno, audiencias y fiscalías, confederaciones hidrográficas, delegaciones de Hacienda... todas tienen algo en común: alguna vivienda, normalmente generosa en metros y prestaciones, a disposición de los altos cargos de estos servicios. Nadie sabe la cifra exacta, pero las fuentes consultadas en ministerios, la Secretaría de Estado de la Función Pública y en la España descentralizada de las diecisiete autonomías hablan incluso de «miles».

La polémica por el intento de colocar al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en un pabellón de la Guardia Civil ha situado este ingente patrimonio en el foco. Este político sevillano ha alegado en su descargo que, desde que fue nombrado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, vive en Madrid «de hotel en hotel». Aunque pagado con las dietas que le corresponden como cargo del máximo nivel en el escalafón.

También la sede central de la DGT dispone de una casa. Vacía en tiempos de su antecesora, María Seguí, Gregorio Serrano había planteado una permuta con algún pabellón de la Guardia Civil antes de acometer unas obras de puesta al día. Pero el escándalo ha abortado un canje que, curiosamente, era legal según el capítulo Cesión especial de uso de la ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Ni los más viejos funcionarios saben citar qué normativa regula el derecho a disfrute de una residencia oficial. Algunos hablan de «usos y costumbres sin rango legal» heredados de la noche de los tiempos. La Fundación ¿Hay Derecho?, cuyo equipo se dedica a hacer informes de transparencia de los gastos públicos, desmenuzó la materia, pero tampoco despejó la incógnita. «La Ley 3/2015 (de los altos cargos) solo habla de coches oficiales y usos de tarjetas de crédito. En otros organismos (fiscalías, judicatura...) no está regulado por ley, hasta donde sabemos, y lo normal es que sean usos habituales derivados de la seguridad o la tradición. También hay muchas prerrogativas alegales que provienen de la época franquista», resume su portavoz, Carlota Tarín.

El Portal de la Transparencia tampoco ayuda más allá de las altas instancias del Estado: el presidente y todos sus ministros, además de los del Congreso y Senado. Es una completa incógnita averiguar cuántos funcionarios disfrutan de una casa pagada a escote por los ciudadanos. Según el inventario de entes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hay 409 organismos públicos desparramados por España, aparte de la propia Administración General del Estado.

Y la casuística crece cuando se analiza la España autonómica. «En realidad se multiplica por 17, tanto como comunidades», advierte Carlota Tarín. Así, en lugar de darles piso, la Junta de Andalucía prefiere subvencionar la residencia a sus altos representantes. Su Portal de la Transparencia recoge 56 cargos oficiales que reciben cantidades entre unos 400 y 1.237 euros. Basta con que se desplacen a 60 kilómetros de su casa familiar. En Valencia se está aplicando una fórmula similar.

Mejor en casa propia

En la refriega política por el caso Serrano, a la que tuvo que responder el propio ministro Zoido, el portavoz socialista en la Comisión de Calidad Democrática, Artemi Rallo, denunció el pasado miércoles que «faltan criterios y transparencia» e invitó al Gobierno a que, «ya que no hay una normativa, lo regule y prevea».

Los altos cargos en España suelen ser reacios a las residencias oficiales. La Moncloa cumple este mes 40 años como casa del presidente. Es la única sede que siempre ha estado ocupada. Solo José María Aznar (1996-2004) amagó con quedarse en casa, aunque los servicios de Protocolo y Seguridad le convencieron de lo contrario.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, prefiere su apartamento de 64 metros cuadrados a los 1.092 del palacete a su disposición como tercera autoridad del Estado. Desde finales de 2011, en tiempos de José Bono, el edificio solo ha sido ocupado unos meses por el socialista Patxi López, al que también hubo que convencer para que dejara su casa de alquiler en el barrio de Chueca. A pesar del derecho de uso, el portavoz del PP, Rafael Hernando, criticó el «gasto muy grande» de su reapertura, que el exlehendakari zanjó prorrateando en su declaración de la renta los 100 metros cuadrados en los que adecuó su breve estancia allí. También el chalé de tres pisos del Senado, situado en la zona universitaria de Moncloa, está vacío desde 2011, año en el que Pío García-Escudero (madrileño) fue nombrado presidente.

Pero si hay un caso que llama la atención es del jefe de la Delegación Permanente de España ante la OCDE. Allí fue destinado José Ignacio Wert tras dejar el Consejo de Ministros anterior. Solo el alquiler anual de la sede, un edificio de 400 metros cuadrados en el centro de París, cuesta el doble (132.000 euros anuales) que el salario que se le paga al exministro de Educación y Cultura.

A veces, una vida muy larga de alto cargo y pensionado público tiene sus contrariedades. Cuando el exvicepresidente y exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dejó el Gobierno en el verano de 2011, tuvo que regresar a su casa de Majadahonda. Llevaba tanto tiempo sin vivir allí que no podía ver la televisión. No había actualizado la antena por TDT. Descodificó a la vez su receptor y su hábitat particular.

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