¿Tardan más en ir a la cárcel los políticos corruptos que el resto de los ciudadanos?

La mujer del César no solo debe serlo, debe parecerlo», sentenció Cayo Julio César para explicar su divorcio. Su esposa había participado en una orgía, aunque le juraban que solo como espectadora. Pasa lo mismo con la Justicia, que no solo debe ser igual para todos, sino que además tendría que parecerlo. En nuestro país ocurre lo contrario: se extiende la idea de que la balanza no trata de la misma forma a los ciudadanos de a pie que a los políticos deshonestos. A los que están imputados o salpicados por escándalos relacionados con la corrupción o con irregularidades en el ejercicio del poder, esos que llenan las páginas de los periódicos y a los que cada día se suman más. En ocasiones en forma de sainete, como el protagonizado por José Antonio Monago (PP), presidente de Extremadura, que voló a Canarias 32 veces a cuenta del Senado para presuntamente ver a su entonces novia, Olga María Henao, la misma que salió también con otro compañero de partido que ya ha dimitido por este motivo. Nada que ver con la reciente operación Púnica, la trama mafiosa de adjudicaciones públicas del popular Francisco Granados, pero el vaso se colmó hace tiempo y se ha generalizado el comentario de que todos los políticos son iguales. Y se ríen de nosotros.

El grado de satisfacción de los españoles con sus representantes está bajo mínimos. Según la Encuesta Social Europea (2012-2013), en una escala del 1 al 10 les otorgan un 1,9, cuando diez años antes (2002-2003) llegaban al 3,4. Algo similar sucede con el sistema judicial: ha pasado del 4,3 de hace una década a su peor nota, un 3,7. Reflejo de otra percepción: a los políticos se les juzga con más tolerancia. Los grandes casos duran ya una media de cinco años y siguen sin resolverse: La trama Gürtel de Francisco Correa (2009); el Pretoria, que puso en marcha el ahora inhabilitado Baltasar Garzón (2009); el Palma-Arena de Jaume Matas (2008); el Nóos o caso Urdangarin (2010), los ERE andaluces, con José Antonio Griñán y Manuel Chaves imputados (2009)

Los expertos consultados explican las razones de esta impresión. El abogado madrileño José Vicente Rubio Eire, socio director de Rubio Asociados y autor del estudio Las dilaciones indebidas en el procedimiento penal, advierte de que estamos cayendo en un error: «Al hablar de un caso nos basamos en tres o cuatro noticias de prensa, pero hay que leerse los miles de folios que genera para saber si tenía o no que ir a prisión esa persona. Pasa lo mismo con cualquier otro caso voluminoso, ya sea con narcotraficantes, estafadores o defraudadores desconocidos, que pueden durar de cinco años para arriba». Edmundo Rodríguez, coordinador de Jueces para la Democracia, cita el caso de Luis Roldán, que estuvo 15 años en la cárcel:«Entró inmediatamente en prisión con una instrucción muy rápida. Otros procedimientos se embarran y no hay que olvidar que cuanto mejor es la defensa de una persona, los casos suelen tardar más. No es lo mismo perseguir a un delincuente con un abogado de oficio que a una corporación con medios para procurarse una defensa de primera. Suele suceder que se recurre cada paso del juez y así es difícil funcionar». El grueso de su fortuna, 10 millones de euros, no ha aparecido.

Con Alzheimer

También hay demoras impactantes en casos anónimos. La Audiencia de Pontevedra acaba de celebrar el juicio por un secuestro perpetrado hace 15 años en el que la víctima y uno de los acusados ya han fallecido; en Ciudad Real una mujer estafada por su marido ha esperado 17 años para que su causa sea vista; y en la Audiencia Provincial de Barcelona, después de 21 años se está juzgando una estafa y falsificación de recetas con nueve imputados, alguno sufre Alzheimer, otros implicados están muertos y un agente que investigó el caso es hoy un comisario de los Mossos.

Rubio Eire lo explica: «Tal y como está organizado nuestro sistema judicial, es inevitable la tardanza en macrocausas en las que empiezas con 20 imputados y acabas con 40. Es un gusano que se va haciendo más largo». Es lo que está sucediendo con la causa de los ERE de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad admitió ayer que sería «imposible» asumir este caso con la plantilla actual dos funcionarios y tres magistrados, uno de los cuales tendría que ejercer de instructor por las dimensiones de la causa hay cuatro aforados autonómicos, en un tirón de orejas a la mediática jueza Mercedes Alaya. El coordinador de Jueces para la Democracia considera que hay que evitar el modelo de magistrado «que lo investiga todo y apostar por juzgar delito a delito. La ley debería evitar ese modelo de juez inquisidor que abre otras investigaciones de manera eterna».

En determinados tribunales del país superan hasta seis veces el volumen de trabajo recomendado: los asturianos son los más rápidos y los del arco mediterráneo los más lentos por sobrecargados. El abogado Rubio Eire propone, como solución, «dar más medios, liberar al juez instructor y concederle refuerzos. Impedir que estos casos se hagan más grandes formando piezas distintas con los delitos conexos y que se repartan entre otros juzgados. Porque estos delitos crecen en progresión geométrica y la sensación es que a estas personas no se las acaba de juzgar. Las macrocausas impiden que se juzgue el delito principal».

Mucha culpa tiene la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, pendiente de reforma, de la que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, dice que está «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador». Jueces para la Democracia precisa que la «sensación de impunidad que se está generando en la sociedad» viene determinada por «la falta de leyes que permitan afrontar las grandes tramas de corrupción, que hace que haya tan pocas condenas». Es más, las asociaciones de magistrados y fiscales se han visto en la necesidad de firmar un escrito donde proponen medidas concretas para combatir es fenómeno delictivo.

Se puede tener también la sensación de que se retrasa el encarcelamiento. El caso más claro es el de Carlos Fabra (PP), expresidente de la Diputación de Castellón, sentenciado a cuatro años por delitos fiscales y al que la Audiencia Provincial ha suspendido la ejecución de la condena hasta que se resuelva su petición de indulto. A veces esta tardanza en hacer efectiva la pena afecta negativamente al condenado. Le pasó al gallego David Reboredo, detenido en 2006 y 2009 por vender dos papelinas de heroína. La condena, de siete años, se hizo efectiva en 2012, ya rehabilitado.

Tercer grado e indultos

Un paso más en la idea de quien la hace no siempre la paga: si los políticos entran en la cárcel, parece que lo hacen por una de esas puertas giratorias que lo ponen a uno inmediatamente de patitas en la calle. Como Jaume Matas, expresidente balear, que esperó desde octubre de 2007 (cuando se abrió al caso Palma Arena) hasta marzo de 2012 para ser condenado a seis años de cárcel. Interpuso recurso de casación y no acabó entre rejas hasta el pasado julio. Tres meses después, tiene el tercer grado regresa a dormir, en contra del informe de la junta de tratamiento de la prisión de Segovia. Edmundo Rodríguez, coordinador de Jueces para la Democracia, lo aclara: «Es una decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Si se cumplen los requisitos que dispone la Ley (cumplimiento de una parte de la condena, reparación del daño, buena conducta) es una facultad que cabe usar y se hace frecuentemente». Y no hay que olvidar los indultos. Transparencia Internacional ha pedido al Gobierno que los restrinja «al máximo» y los prohíba para los condenados por corrupción. Entre 2012 y 2013, Gallardón otorgó siete relacionados con malversación de fondos públicos o prevaricación.

Entonces, ¿la Justicia es igual para todos? Responde Edmundo Rodríguez: «Yo no sé si es igual para todos, pero trata de hacer frente a todos por igual. Lo que ocurre es que no todo el mundo está defendido del mismo modo. Cuando hay dinero para obtener una defensa de la mejor calidad, el juicio se complica, aunque una buena defensa es un derecho fundamental».